La propuesta del Ejecutivo planteaba permitir a las autonomías un déficit del 0,1% del PIB durante los próximos ejercicios, lo que habría otorgado un pequeño colchón financiero para atender servicios públicos y mantener inversiones estratégicas. Sin embargo, tras el veto parlamentario, entra ahora en vigor la senda del Plan Fiscal Estructural remitido a la Comisión Europea, que exige equilibrio presupuestario (0%) a partir de 2026.
Menor flexibilidad para el Gobierno regional
Este cambio supone que Castilla-La Mancha deberá cuadrar ingresos y gastos sin posibilidad de recurrir a un déficit mínimo para absorber tensiones presupuestarias. El margen desaparece por completo. La región, como el resto de comunidades, tendrá que adaptar su política fiscal a un escenario considerablemente más rígido que limita la capacidad de maniobra del Gobierno autonómico en un contexto económico incierto.
Para el conjunto de las autonomías, el ajuste derivado de esta decisión se estima en unos 1.755 millones de euros solo en 2026, lo que avanza un ciclo presupuestario más restrictivo en todo el país.
Riesgos para servicios públicos e inversiones
La obligación de equilibrio presupuestario podría traducirse en una reprogramación del gasto público, posibles recortes o ralentizaciones en nuevas inversiones, y una mayor presión sobre partidas sensibles como sanidad, educación o servicios sociales, si no se incrementan los ingresos propios.
El Gobierno regional ha advertido que la estabilidad financiera ganada en los últimos años podría verse comprometida por este giro fiscal, que no permite acompañar el crecimiento económico con un leve déficit productivo.
Incertidumbre sobre los Presupuestos Generales
La senda de déficit es un requisito legal previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Su rechazo vuelve a retrasar el ciclo presupuestario y, con ello, la planificación financiera de Castilla-La Mancha. Hasta que no haya un marco definitivo, las comunidades desconocen cuál será el nivel final de financiación y transferencias, un aspecto que añade incertidumbre a la gestión autonómica de 2026.
Un impacto directo y cuantificable
Los 193 millones que la región dejará de disponer suponen, en la práctica, menos capacidad para impulsar políticas públicas, sostener el gasto social o desarrollar proyectos estratégicos en infraestructuras, industria verde, innovación o transición energética. Aunque la Junta ha mostrado su intención de preservar las prioridades sociales, el nuevo contexto fiscal obliga a hacer ajustes y priorizar.
Con la senda de Bruselas imponiéndose de forma automática, Castilla-La Mancha afrontará los próximos años con una hoja de ruta presupuestaria más estricta que condicionará el diseño de los Presupuestos regionales y el margen de actuación económica del Ejecutivo autonómico.
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