España ha sido uno de los principales receptores de los fondos europeos Next Generation EU, con más de 160.000 millones de euros asignados entre transferencias y créditos. Sin embargo, la dificultad para ejecutar estos recursos en tiempo y forma ha puesto de manifiesto un problema estructural de gestión pública.
Ante el riesgo de devolución de fondos a la Unión Europea, el Gobierno ha impulsado la creación de un fondo soberano controlado por el Estado y gestionado a través del ICO, con el objetivo de canalizar recursos no ejecutados hacia inversiones estratégicas. No obstante, la creación de este instrumento plantea una cuestión clave: ¿puede un nuevo vehículo financiero compensar fallos persistentes de gestión?
CASTILLA-LA MANCHA COMO CASO PARADIGMÁTICO
Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor potencial renovable de España. Sin embargo, la saturación de los nudos eléctricos y la falta de inversión en redes de transporte y distribución —competencia estatal— están bloqueando nuevos proyectos industriales y energéticos. Este problema se replica a escala nacional, donde Red Eléctrica ha reconocido cuellos de botella en varias comunidades, con impacto directo en regiones exportadoras de energía como Castilla-La Mancha.
La red ferroviaria española arrastra déficits históricos de mantenimiento, especialmente en líneas convencionales. Incidencias, retrasos y limitaciones logísticas afectan a todo el país. En Castilla-La Mancha, esta situación se traduce en servicios poco competitivos para pasajeros y mercancías, limitando el desarrollo industrial y logístico pese a los anuncios de inversión vinculados a fondos europeos.
España ha avanzado en fibra óptica, pero el despliegue de 5G y la conectividad rural presentan retrasos relevantes. A nivel nacional, diversos informes del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Europea han advertido de lentitud en la ejecución de programas de digitalización. En Castilla-La Mancha, estas deficiencias se reflejan en una brecha digital persistente en zonas rurales, con impacto directo sobre empresas y población.
Los problemas detectados en energía, ferrocarril y telecomunicaciones responden a un patrón común en toda España: los fondos existen, pero la ejecución es insuficiente. Castilla-La Mancha ejemplifica cómo estas carencias nacionales tienen un impacto territorial directo.
Sin una mejora sustancial de la capacidad de gestión, planificación y ejecución de las inversiones públicas, el fondo soberano corre el riesgo de convertirse en una solución financiera a un problema estructural. Antes de crear nuevos instrumentos, resulta imprescindible demostrar que los existentes pueden gestionarse con eficacia.
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