Según ha informado el Consistorio, la orden municipal se dictó tras completar todos los plazos y trámites legales y afecta a caminos públicos que atraviesan la Dehesa de Castilseras, finca propiedad de MAYASA, pero incluidos en el inventario municipal. El objetivo, sostiene el Ayuntamiento, es garantizar el derecho de tránsito de los vecinos por estas vías de uso público.
La alcaldesa de Almadén ha calificado la situación de “bochornosa e incomprensible” y ha subrayado que el bloqueo se mantiene desde el inicio del mandato del actual presidente de la empresa, un cargo público designado por el Ministerio de Hacienda. En este sentido, ha recordado que la finca de Castilseras tuvo históricamente como finalidad el esparcimiento de los mineros y la complementación de sus salarios.
La regidora ha ido un paso más allá al denunciar que lo “más grave y denunciable” es que los responsables de una empresa pública, a su juicio, estén incumpliendo una orden dictada por una administración competente. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha presentado la correspondiente denuncia judicial tras advertir previamente a MAYASA de que su actitud podría constituir un delito penal.
Desde el equipo de gobierno municipal se sostiene que esta actuación está generando un perjuicio notable a un ayuntamiento pequeño, con recursos limitados y una elevada carga de trabajo. La alcaldesa se ha preguntado, además, si este es el trato que el Estado ofrece a un municipio minero que, según ha señalado, “durante siglos se dejó la vida en la explotación de sus minas para beneficio del país”.
Si (
No(
