Según explica el sindicato en un comunicado, el origen del conflicto se sitúa en el cálculo de la experiencia profesional de la docente, que, de acuerdo con ANPE, fue valorada de forma incorrecta por la Administración educativa. Esta situación habría derivado en una reducción de su puntuación en la bolsa de trabajo y en las cantidades económicas asociadas.
ANPE señala que, tras una primera sentencia favorable que reconocía el derecho de la docente a que se le computaran correctamente los años trabajados, trasladó a la Dirección General de Recursos Humanos la existencia de un error en la baremación. No obstante, siempre según la versión del sindicato, la Consejería de Educación aplicó un criterio que consideraba más desfavorable, utilizando el límite de antigüedad propio de un proceso selectivo en lugar del establecido en la normativa que regula las bolsas de docentes interinos.
De acuerdo con el comunicado, esta decisión supuso limitar el número de años de servicio reconocidos a la docente y tuvo efectos en la cuantía económica que debía percibir. ANPE añade que, pese a que una resolución del propio director general de Recursos Humanos reconocía la puntuación que posteriormente han confirmado los tribunales, la Administración mantuvo su interpretación.
Ante esta situación, y tras una primera resolución judicial favorable, el sindicato promovió la ejecución de la sentencia al considerar que no se estaba cumpliendo de forma íntegra el fallo. Finalmente, según ANPE, el juzgado ha vuelto a pronunciarse a su favor.
Como resultado del proceso, la Consejería de Educación ha tenido que reconocer la puntuación correspondiente a la docente y abonar más de 55.000 euros en concepto de atrasos, además de los intereses de demora y las costas procesales.
Por el momento, no ha trascendido una valoración pública por parte de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha sobre este caso.
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