Según el borrador del real decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la actualización responde a un nuevo cálculo basado en el peso poblacional de cada comunidad autónoma y en el conjunto de menores atendidos por el sistema de protección. En el caso de Castilla-La Mancha, el incremento es moderado respecto al año anterior, cuando se fijaron 692 plazas, lo que supone un aumento de 50 recursos disponibles.
Dentro del mapa autonómico, Castilla-La Mancha se sitúa por detrás de las comunidades con mayor capacidad, como Andalucía, Cataluña o Madrid, pero por encima de territorios con menor población como Navarra, Cantabria o La Rioja. En el mismo grupo que la región castellanomanchega aparecen Canarias y Euskadi, con cifras similares de acogida.
El documento también establece que las situaciones de contingencia migratoria seguirán vigentes en aquellos territorios donde el número de menores atendidos supere tres veces su capacidad ordinaria, un escenario que se ha venido produciendo especialmente en zonas de llegada como Canarias.
La propuesta debía abordarse este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia, un encuentro que finalmente no pudo celebrarse por falta de quórum tras la ausencia de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sí participaron, de forma presencial, Castilla-La Mancha y Canarias, mientras que otras regiones como Cataluña, Euskadi o Navarra se conectaron telemáticamente.
Las autonomías que no acudieron justificaron su ausencia por supuestas irregularidades en la convocatoria, al considerar que se incluía en el orden del día un asunto ya rechazado previamente. Pese a ello, el Ministerio que dirige Sira Rego prevé elevar “de manera inminente” el texto al Consejo de Ministros para su aprobación.
Con esta actualización, el Gobierno busca reforzar la red de acogida y mejorar el reparto territorial de la atención a menores migrantes, en un contexto de presión creciente sobre los sistemas autonómicos y de debate político sobre la corresponsabilidad entre comunidades.
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