La cuantía media del IMV en Castilla-La Mancha se situó en 465,47 euros mensuales por hogar, con una media de 139,99 euros por beneficiario, por debajo de la media nacional, que alcanza los 546,8 euros por hogar. Aun así, el volumen de perceptores permite estimar que el coste mensual del IMV en Castilla-La Mancha ronda los 16,6 millones de euros, lo que eleva el gasto anual por encima de los 200 millones de euros, solo en esta comunidad autónoma. Una cifra que da dimensión presupuestaria a una prestación concebida como red de seguridad, pero que en la práctica se ha convertido en un pilar estructural del sistema de rentas.
Prestaciones en aumento cada año
El crecimiento es sostenido. En enero de 2026 había 126.463 prestaciones activas más que un año antes a nivel nacional, un incremento del 18,8% en hogares protegidos y del 19,1% en número de beneficiarios respecto a enero de 2025. Castilla-La Mancha no es una excepción. En solo un año, la región ha pasado de alrededor de 94.000 beneficiarios a más de 118.000, una subida cercana al 26%, muy por encima del crecimiento demográfico o del empleo.
Desde el Ministerio se subraya el carácter “flexible” y “evolutivo” del IMV y se destaca su impacto sobre la pobreza infantil. Más de 51.800 menores reciben la prestación en Castilla-La Mancha, mientras que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura con ayudas adicionales que pueden alcanzar hasta 115 euros mensuales por menor en los primeros años de vida. El propio Gobierno reconoce que siete de cada diez hogares protegidos conviven con menores, y que una parte significativa son familias monoparentales.
Opacidad estadística
Sin embargo, junto al aumento de beneficiarios y de recursos públicos comprometidos, persisten lagunas relevantes en la información oficial. No se publican de forma sistemática ni desagregada por comunidades datos sobre solicitudes presentadas, expedientes denegados, resoluciones pendientes o salidas del sistema por mejora económica. Es decir, se conoce cuántas personas cobran el IMV, pero no cuántas lo intentan, cuántas quedan fuera ni cuántas logran abandonar la prestación gracias a una mejora de ingresos.
Esta ausencia de datos impide evaluar con rigor si el IMV está actuando como una palanca de inclusión social y laboral o si, por el contrario, corre el riesgo de cronificarse como una prestación permanente para decenas de miles de hogares. Más aún cuando el propio Ministerio destaca que el IMV es compatible con rentas del trabajo y que se han introducido incentivos a la inserción laboral, sin aportar cifras concretas sobre su impacto real.
Cinco años después de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado su capacidad para ampliar cobertura y movilizar recursos, pero también ha evidenciado que la lucha contra la pobreza no puede medirse solo en número de perceptores ni en millones presupuestados. En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el IMV ya supera los 200 millones de euros anuales, el debate empieza a girar en torno a una pregunta clave: ¿está el sistema reduciendo la vulnerabilidad o simplemente gestionándola de forma indefinida?
Si (
No(
