Del total contabilizado en la comunidad autónoma, 304 procedimientos correspondieron a concursos “sin masa”, es decir, casos en los que el deudor carece prácticamente de patrimonio para afrontar las deudas, mientras que 27 fueron procedimientos ordinarios y siete especiales. Todos ellos fueron concursos voluntarios.
A nivel nacional, el número de deudores concursados alcanzó los 16.556 entre enero y marzo, con un aumento interanual del 7,6%, aunque con una caída del 6,1% respecto al trimestre anterior, según la estadística concursal difundida este martes por los registradores.
El peso de las personas físicas continúa siendo el rasgo dominante del nuevo mapa concursal español. De hecho, el 91% de los procedimientos iniciados en España correspondió a particulares, frente al 9% de empresas. Una tendencia que también se refleja en Castilla-La Mancha y que evidencia cómo la segunda oportunidad y los concursos personales siguen ganando protagonismo frente a las insolvencias empresariales tradicionales.
En el ámbito empresarial, los concursos siguen concentrándose en pequeñas sociedades limitadas, muchas de ellas con escasa facturación y plantillas reducidas. Comercio, construcción y hostelería continúan siendo las actividades más afectadas por las insolvencias, en un contexto marcado por el incremento de costes financieros, el encarecimiento operativo y la desaceleración del consumo.
Por territorios, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentraron cerca del 61% de todos los concursos del país. Castilla-La Mancha, con 338 deudores concursados, se situó en un escalón intermedio dentro del mapa nacional, muy por debajo de regiones como Cataluña, que superó los 4.000 procedimientos.
Los datos del Colegio de Registradores reflejan además que buena parte de las empresas concursadas en España tienen menos de ocho años de antigüedad y plantillas muy reducidas, lo que apunta a la vulnerabilidad del tejido empresarial más pequeño ante el actual escenario económico.
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