Para Castilla-La Mancha, el análisis adquiere una especial relevancia. La simulación realizada por FEDEA con datos de 2023 sitúa a la región en el 94,5% de la financiación efectiva media por habitante ajustado, seis décimas por debajo de su posición con el sistema vigente. Cataluña, en cambio, alcanzaría el 106,6%, frente al 102% del modelo actual. En términos absolutos, la propuesta permitiría aumentar la financiación de Castilla-La Mancha, pero la comunidad perdería posición relativa respecto al conjunto de territorios.
La fotografía que deja el estudio encaja con la oposición frontal que el Gobierno castellanomanchego viene expresando ante la reforma. La Junta defiende que el nuevo sistema debe garantizar que las comunidades dispongan de los mismos recursos por habitante ajustado para prestar servicios públicos en condiciones de igualdad y rechaza que la capacidad fiscal de los territorios se convierta en un criterio para mantener diferencias de financiación.
Más dinero, pero no necesariamente más igualdad
El Gobierno central ha planteado una inyección adicional de unos 20.975 millones de euros en 2027 al sistema de financiación autonómica. La propuesta contempla elevar la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de incorporar nuevas transferencias estatales y otros mecanismos de financiación.
FEDEA considera que esta inyección puede mejorar la financiación absoluta de prácticamente todas las comunidades, pero advierte de su coste para las cuentas del Estado y de los problemas de incentivos que puede generar. De la Fuente sostiene que un trasvase tan importante de recursos estatales a las autonomías puede agravar el denominado riesgo moral: si las comunidades reciben más recursos sin asumir de forma equivalente el coste político de aumentar los ingresos, se debilitan los incentivos para mantener la disciplina fiscal.
El problema, desde la perspectiva de Castilla-La Mancha, no está únicamente en cuánto dinero recibe cada territorio, sino en cómo se distribuye después de tener en cuenta las necesidades de gasto y la capacidad fiscal.
La simulación de FEDEA muestra que Castilla-La Mancha partiría de unos 2.519 euros de ingresos tributarios homogéneos por habitante ajustado. La nivelación horizontal aportaría otros 582 euros y la vertical 409 euros, hasta alcanzar una financiación efectiva de 3.526 euros por habitante ajustado, equivalente al 94,5% de la media nacional.
Cataluña parte, sin embargo, de una capacidad tributaria muy superior: 4.082 euros por habitante ajustado. Tras aportar 516 euros mediante el mecanismo de nivelación horizontal y recibir 165 euros de nivelación vertical, además de otros ajustes, acabaría con 3.977 euros por habitante ajustado, el 106,6% de la media.
Es precisamente esta distancia la que explica buena parte de la posición de Castilla-La Mancha: la región necesita una mayor transferencia de nivelación para acercarse a la media, mientras Cataluña conserva una posición superior incluso después de contribuir al sistema.
Castilla-La Mancha: el 94,5% de la media
El informe permite colocar a Castilla-La Mancha dentro del mapa de ganadores y perdedores relativos de la reforma.
Con el sistema vigente, la región se encontraba aproximadamente en el 95% de la financiación media por habitante ajustado. Con la propuesta del Gobierno bajaría al 94,5%. El descenso es moderado, pero significativo porque se produce en una comunidad que ya parte de una posición inferior a la media.
En euros, la nueva financiación simulada asciende a 3.526 euros por habitante ajustado, frente a los 3.185 euros que aproximadamente corresponderían a la financiación actual en la comparación realizada por FEDEA. Es decir, la región recibiría más recursos, pero ese incremento no sería suficiente para mejorar su posición relativa.
La conclusión resulta especialmente relevante porque el Gobierno de Castilla-La Mancha viene reclamando precisamente lo contrario: que la reforma permita corregir las diferencias existentes y garantice una financiación homogénea por habitante ajustado.
La Junta ya advirtió en enero, a partir de los primeros cálculos de FEDEA, de que el nuevo modelo podía dejar a Castilla-La Mancha todavía más infrafinanciada. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que el criterio debe ser que todas las comunidades tengan la misma financiación por habitante ajustado, porque de esta forma se garantiza la igualdad en el acceso a los servicios públicos.
Cataluña, en el centro de la controversia
La diferencia más llamativa del estudio aparece al comparar Castilla-La Mancha con Cataluña.
FEDEA calcula que la comunidad catalana pasaría del 102% al 106,6% de la financiación media por habitante ajustado. Su mejora relativa sería de 4,6 puntos, mientras Castilla-La Mancha retrocedería 0,6 puntos.
De la Fuente identifica precisamente a Cataluña como una de las principales beneficiarias relativas de la reforma. En su análisis inicial de enero, la comunidad catalana aparecía como la que mayor incremento absoluto obtendría, con 507 euros adicionales por habitante ajustado, por delante incluso de Madrid y Baleares.
La nueva propuesta mantiene además elementos que FEDEA considera discutibles por su posible efecto territorial. El informe de agosto señala que el sistema simplifica parte de los componentes ad hoc y mejora algunos aspectos del reparto, pero introduce dos mecanismos cuya lógica considera cuestionable y que favorecerían fundamentalmente a Cataluña.
La propia Generalitat presenta el modelo desde una perspectiva diferente: calcula que Cataluña obtendría 4.686 millones de euros adicionales, un aumento del 13,35%, y defiende que la reforma incorpora el principio de ordinalidad.
Es precisamente este principio el que Castilla-La Mancha rechaza.
La batalla de la ordinalidad
La posición de la Junta castellanomanchega es que la financiación autonómica no debe garantizar que las comunidades que más recaudan mantengan necesariamente una posición privilegiada después de la redistribución.
El consejero Ruiz Molina ha definido como "injusto" el principio de ordinalidad porque, en su interpretación, implica que quien dispone de mayor capacidad económica debe mantener una posición superior en recursos. Frente a ello, Castilla-La Mancha reclama que el sistema se centre en el coste real de prestar los servicios públicos y en la igualdad entre ciudadanos, independientemente de dónde residan.
La posición de la Junta no se limita al rechazo de la ordinalidad. También reclama que la reforma sea multilateral, negociada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con participación efectiva de todas las comunidades autónomas.
En julio, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, calificó de "aberración" que un nuevo sistema pudiera salir adelante con el respaldo únicamente de Cataluña y Canarias y reclamó reconducir la propuesta hacia un acuerdo entre todas las autonomías.
El presidente Emiliano García-Page ha mantenido igualmente una posición crítica. Ha defendido una financiación que responda al coste real de las competencias y ha advertido de que el actual planteamiento resulta injusto para Castilla-La Mancha.
Sanidad y educación: el punto donde Castilla-La Mancha gana argumentos
Uno de los aspectos más interesantes del informe de FEDEA es que cuestiona la estructura de ponderaciones utilizada para calcular las necesidades de gasto autonómico.
En 2023, sanidad representaba el 48,3% del gasto neto autonómico y educación el 28,1%. Sin embargo, el sistema actual asigna un peso del 38% a la población sanitaria y del 20,5% a la población educativa.
De la Fuente considera que estas ponderaciones son probablemente demasiado bajas y que sería razonable incrementar sustancialmente el peso de la sanidad y la educación en el cálculo de las necesidades de gasto. Su propuesta elevaría la ponderación sanitaria en casi nueve puntos y la educativa en casi siete, reduciendo al mismo tiempo el peso atribuido a los servicios generales.
Este planteamiento conecta directamente con una de las reivindicaciones de Castilla-La Mancha: financiar los servicios públicos teniendo en cuenta el coste efectivo de prestarlos en un territorio extenso, disperso y con una elevada demanda de servicios sanitarios, educativos y sociales.
La nueva fórmula del Gobierno incorpora algunos cambios que pueden favorecer la medición de esas necesidades: más grupos de edad para calcular la población sanitaria, nuevos criterios educativos, diferenciación de la población mayor de 65 años según dependencia y un indicador de desempleados sin prestación contributiva. También incorpora una pequeña partida para "costes fijos".
Sin embargo, FEDEA considera que las ponderaciones siguen siendo discutibles y plantea que deberían vincularse al peso real de cada bloque de competencias en el gasto autonómico.
El problema de fondo: más recursos estatales y mayor riesgo para las cuentas públicas
El informe de agosto va más allá del reparto territorial. Su advertencia afecta al propio equilibrio financiero del Estado.
De la Fuente considera que el fuerte trasvase de recursos desde la Administración central hacia las comunidades autónomas puede dejar al Estado en una situación financiera más precaria y aumentar los problemas de responsabilidad fiscal. La propuesta, señala, mantiene un "fuerte trasvase" de recursos y puede agravar los problemas de riesgo moral ya existentes.
La cuestión adquiere especial relevancia en un escenario de elevado endeudamiento público. Las comunidades autónomas han acumulado una deuda muy elevada durante las últimas dos décadas y Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones con mayor endeudamiento relativo. Un análisis reciente de FEDEA sitúa a la comunidad entre las autonomías con una de las cargas de deuda sobre PIB más elevadas.
La financiación autonómica, por tanto, no es únicamente una cuestión de reparto territorial. Es también una cuestión de sostenibilidad del conjunto de las Administraciones Públicas.
El Gobierno central plantea que el incremento de recursos es necesario para reforzar el Estado del bienestar. FEDEA introduce el contrapunto: aumentar la financiación autonómica con recursos estatales puede aliviar las cuentas regionales en el corto plazo, pero trasladar el coste al Estado no elimina el problema financiero, sino que cambia de administración el lugar donde aparece.
El statu quo: una cláusula que puede congelar las posiciones
Otro de los elementos que FEDEA considera problemáticos es el denominado fondo de statu quo.
La propuesta garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos con el nuevo sistema de los que habría obtenido con el modelo vigente. El problema, según De la Fuente, es que esta compensación no sería transitoria, sino que se actualizaría indefinidamente con los ingresos tributarios del Estado.
Eso puede mantener durante años las posiciones relativas heredadas del sistema anterior y dificultar que la financiación se acerque a lo que correspondería según una fórmula común.
FEDEA propone que estas compensaciones sean temporales y desaparezcan progresivamente en un plazo máximo de cinco años, siempre que su eliminación no implique que una comunidad reciba menos recursos en términos absolutos que con el modelo anterior.
Para Castilla-La Mancha, la cuestión es especialmente relevante porque la región parte de una posición inferior a la media y reclama precisamente que el nuevo modelo no perpetúe las diferencias existentes.
El FCI no debe convertirse en un fondo de financiación sanitaria
Otro de los puntos de coincidencia entre el informe y la posición castellanomanchega aparece en el Fondo de Compensación Interterritorial.
El borrador del Gobierno contempla una posible transformación del FCI para que pueda actuar como una especie de mecanismo complementario de nivelación para las comunidades que queden por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.
FEDEA cuestiona esta modificación porque supondría cambiar la naturaleza del fondo. Hasta ahora, el FCI ha sido concebido como un instrumento de política de desarrollo regional destinado a reducir las diferencias de renta y riqueza, no como una fuente ordinaria para financiar servicios públicos.
La Junta de Castilla-La Mancha también ha rechazado expresamente esta posibilidad y defiende que el FCI debe continuar destinado a reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios, y no utilizarse para financiar servicios públicos fundamentales.
Una reforma con más dinero, pero con la misma discusión de fondo
El informe de FEDEA deja una conclusión especialmente relevante para Castilla-La Mancha: el problema no se resuelve simplemente poniendo más dinero sobre la mesa.
La propuesta permitiría elevar los recursos absolutos de las comunidades, pero no garantiza una distribución homogénea por habitante ajustado. De hecho, la simulación muestra que Castilla-La Mancha pasaría a situarse en el 94,5% de la financiación media, mientras Cataluña alcanzaría el 106,6%.
Para la Junta, esa diferencia resume el problema que lleva meses denunciando: un sistema que reconoce la necesidad de aumentar los recursos autonómicos, pero que no resuelve el desequilibrio territorial que afecta a comunidades como Castilla-La Mancha.
FEDEA, por su parte, no plantea simplemente mantener el modelo actual. De la Fuente considera que la propuesta puede ser un punto de partida para una negociación, pero reclama evitar las prisas, recuperar parte de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de 2017 y buscar un mayor consenso entre partidos y territorios.
Entre sus propuestas figura reforzar el peso de la sanidad y la educación en el cálculo de necesidades, limitar temporalmente las compensaciones de statu quo, evitar mecanismos específicos para determinadas comunidades y aumentar la responsabilidad fiscal compartida de las autonomías.
En este escenario, Castilla-La Mancha llega al debate con una posición definida: más recursos sí, pero dentro de un modelo que garantice igualdad por habitante ajustado, tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos, preserve la solidaridad territorial y sea acordado multilateralmente por todas las comunidades.
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