"Si se confirma tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes", ha señalado García-Page en un vídeo remitido a los medios, en referencia a las informaciones que apuntan a que la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma pudo responder a una operación planificada desde Marruecos y no únicamente a un fenómeno migratorio espontáneo.
El dirigente castellanomanchego ha puesto además el foco en el origen y la gestión de la información policial. "Realmente me hago la pregunta de si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó", ha afirmado, antes de cuestionar "si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran".
Para García-Page, la prioridad ahora es determinar con precisión qué ocurrió durante la crisis y quién tuvo conocimiento de los hechos. "Hasta que no sepamos exactamente todo lo que pasó y todo lo que no pasó, francamente no podremos darle arreglo", ha advertido.
Un informe que atribuye un papel activo a Marruecos
La polémica se ha desencadenado tras la publicación de información sobre un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación judicial que dirige la magistrada María Tardón.
Según el contenido adelantado por El Español, la Policía sostiene que la entrada masiva producida los días 30 y 31 de julio fue guiada desde territorio marroquí por gendarmes que habrían recibido instrucciones de agentes de paisano. El documento apunta a que la actuación habría perseguido un objetivo distinto del estrictamente migratorio y habría buscado tensionar o colapsar el dispositivo fronterizo español.
Las informaciones publicadas sitúan la magnitud de aquella entrada en torno a 72.000 personas, una cifra que convirtió la crisis en uno de los episodios fronterizos más graves registrados en Ceuta en los últimos años.
El informe cobra especial relevancia porque, de confirmarse sus conclusiones, supondría un cambio sustancial respecto a la interpretación inicial de la crisis. La avalancha había sido vinculada hasta ahora a factores como la movilización a través de redes sociales, la difusión de bulos y la actuación de redes de tráfico de personas, mientras que las nuevas informaciones apuntan a una posible intervención organizada de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Marlaska exige explicaciones a la Policía
La revelación del documento también ha provocado un choque dentro de las propias estructuras del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, después de asegurar que desconocía el contenido del informe remitido a la Audiencia Nacional.
Marlaska ha pedido aclarar desde cuándo disponía la Policía de esa información, por qué no fue trasladada a la dirección del Ministerio y si las conclusiones recogidas en el documento son efectivamente las que mantiene el cuerpo policial. El ministro considera especialmente relevante conocer si existió una actuación de agentes marroquíes detrás de la entrada masiva.
El Gobierno ha reclamado entretanto "máxima cautela" hasta analizar el contenido del informe y ha rechazado que se haya producido un ocultamiento deliberado de información. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que el Ejecutivo está estudiando el documento antes de extraer conclusiones.
Una cuestión con implicaciones diplomáticas y de seguridad
La trascendencia del informe va más allá de la gestión migratoria. Si se acreditara que las autoridades o fuerzas de seguridad marroquíes participaron deliberadamente en una operación destinada a provocar el colapso de la frontera española, el episodio tendría posibles implicaciones diplomáticas, de seguridad nacional y de política exterior.
La cuestión se produce además en un contexto de creciente preocupación por las denominadas estrategias de "zona gris" en torno a Ceuta y Melilla. Los servicios de inteligencia españoles han advertido recientemente de la posibilidad de nuevas acciones encubiertas contra ambas ciudades, incluyendo operaciones de desinformación, ciberataques, sabotajes o nuevas entradas masivas de migrantes, aunque no contemplan una intervención militar marroquí a corto o medio plazo.
La situación ha elevado también la presión política sobre el Gobierno central. Desde la oposición se han reclamado responsabilidades al ministro del Interior, mientras que algunos socios del Ejecutivo han exigido explicaciones sobre quién conocía el informe y cuándo.
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