La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado este miércoles que el Ejecutivo autonómico considera que el borrador "cambia las reglas del juego" para proyectos que ya han iniciado su tramitación y ha reclamado que la futura regulación sea "exigente, segura y territorialmente justa".
Uno de los principales puntos de discrepancia se refiere a las condiciones de consumo energético. Según ha señalado Padilla, el proyecto establece que los centros de datos deberán alcanzar un consumo de un 80% de energía renovable y acreditar que esa energía se está generando en el mismo momento en que se produce el consumo.
La consejera ha advertido de que, si proyectos como el de Meta no pueden acreditar el cumplimiento de estas condiciones, podrían enfrentarse incluso a la pérdida de los permisos.
Recargos de hasta el 500%
Entre las alegaciones presentadas por Castilla-La Mancha figura también la relativa al rango jurídico y la proporcionalidad de las medidas previstas. El Ejecutivo regional sostiene que el borrador no se limita a establecer condiciones técnicas, sino que contempla consecuencias como recargos que pueden alcanzar el 500%, la pérdida de permisos de acceso y conexión y la caducidad de autorizaciones ya concedidas.
A juicio de la Junta, estas medidas requieren una cobertura legal suficiente y no deberían quedar definidas exclusivamente mediante una norma reglamentaria. Por ello, plantea que se tramite una proposición de ley o que se modifique la legislación vigente.
Además, reclama que los posibles recargos se establezcan de forma gradual y proporcionada en función de las circunstancias de cada instalación.
Protección para los proyectos en marcha
Otro de los bloques de las alegaciones se centra en las inversiones que ya están en proceso de desarrollo. Castilla-La Mancha pide que el futuro decreto incorpore un régimen transitorio flexible que tenga en cuenta el grado de madurez de cada proyecto y que proteja las inversiones que puedan acreditar que cuentan con una tramitación administrativa avanzada.
La Junta considera especialmente relevante esta cuestión ante el volumen de inversiones vinculadas a centros de datos que se están planteando o desarrollando en la región.
El Ejecutivo autonómico también reclama una aplicación "realista y territorialmente justa" de los criterios de eficiencia energética. Padilla ha defendido que esta posición no supone rebajar los estándares ambientales ni establecer un trato específico para Castilla-La Mancha.
La propuesta regional pasa por aplicar de manera progresiva las nuevas exigencias relacionadas con el consumo de energías renovables, acompasando su entrada en vigor a la capacidad efectiva de las redes eléctricas y al despliegue de nueva generación.
Con sus diez alegaciones, el Gobierno autonómico pretende que la futura regulación mantenga las exigencias ambientales y energéticas, pero incorpore mecanismos que permitan adaptar su aplicación a los proyectos que ya están en marcha y a las condiciones de cada territorio.
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