Los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalan que, de las 85.200 solicitudes de dependencia que ha recibido la Consejería de Bienestar Social hasta el 31 marzo, en el último mes se resolvieron un total de 234 solicitudes, de las cuales más del 85% (199 solicitudes) fueron rechazadas.
En el mes de marzo el número total de personas en las listas de espera de la dependencia en Castilla-La Mancha fue de 16.002. Si bien este dato representa una mejoría en 343 personas con respecto al mes anterior, debido a la reducción del número de dependientes en el “limbo”, son más de 16.000 expedientes que la Junta no tiene capacidad para resolver, ya sea mediante la concesión de prestaciones reconocidas o la resolución de solicitudes pendientes de valoración.
Según los datos oficiales, en Castilla-La Mancha hay 18.704 grandes dependientes, 21.884 dependientes severos y 21.884 moderados. En total son 62.480 dependientes reconocidos, de los que sólo están atendidos 52.924. En el catálogo de prestaciones que reciben destacan la ayuda a domicilio (14.858 beneficiarios), la prestación económica para cuidados familiares (13.050 beneficiarios), la asistencia residencial (12.236 beneficiarios) y la teleasistencia (10.005 beneficiarios).
La Plataforma regional en Defensa de la Ley de Dependencia señala que los datos confirman "la implantación de un sistema low cost en la atención a las personas dependientes de Castilla-La Mancha”. Ya que “de las 18.622 nuevas prestaciones concedidas en lo que llevamos de legislatura, 16.000 son de bajo coste, unos 20 euros al mes por dependiente”.
Por su parte, la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, ha valorado positivamente los datos del mes de marzo y ha preferido centrarse en el número de dependientes atendidos: “el mayor número de beneficiarios que ha tenido la región en toda su historia de la ley de Dependencia desde 2007”.
El discurso oficial obvia así mencionar a las personas que esperan a ser valorados, así como a aquellas que, aún con una discapacidad reconocida, todavía no han podido acceder a las prestaciones que les corresponden y se encuentran en el limbo de la dependencia.
Precisamente una de las principales reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha es la reducción del limbo, ya que denuncian que “muchos fallecerán antes de recibir la prestación o servicio que les corresponde. En Castilla-La Mancha se han producido más de 4.600 muertes mientras esperaban su atención".