David Llorente ha acusado al consejero de Sanidad de mentir en sede parlamentaria al decir que no existía ningún responsable del expediente contra los veterinarios de la Junta que denunciaron a la empresa por prácticas contra ilegales: ”El consejero -ha señalado Llorente- dijo que no existía expediente y que sólo habían sido medidas cautelares. Pero para que se dicten medidas cautelares es necesario la existencia de un expediente. En cualquier caso, el consejero deberá identificar a los responsables de esas medidas cautelares".
Como ya informó clm21.es, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia contra el gobierno regional por haber sancionado a los veterinarios de la Junta que denunciaron prácticas ilegales de la compañía. El gobierno regional lejos de sancionar a la compañía persiguió a sus propios funcionario.
El portavoz de Podemos acusa al consejero de Sanidad de mentir en sede parlamentaria
En la sentencia queda patente que el gobierno autonómico trabajó bajo las órdenes de la empresa, lo que supone “una manifiesta arbitrariedad y demuestra complacencia y claudicación”, dice el Alto Tribunal.
La contundente decisión judicial considera inaudito que el gobierno autonómico, en lugar de sancionar las situaciones de maltrato animal ocurridas en el matadero, se dedicase a perseguir a quienes las denunciaban.
Por otro lado, el portavoz de Podemos quiere que el gobierno identifique al responsable de abrir a las grandes empresas las ayudas de Fomento de la Calidad Agroalimentaria que estaban reservadas a las cooperativas y pymes, lo que permitió al grupo Incarlopsa acaparar el 9,5% del total de los fondos
Esta situacion fue denunciada por clm21.es, que informó del hecho de que el gobierno del presidente García-Page modificara en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. El 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) una subvención de 3.478.658,68 euros y a otra empresa del grupo, Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.La norma de 2009 que regulaba las bases de las ayudas del FOCAL dentro del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Unión Europea establecía que, en el caso de grandes empresas sólo se podrían beneficiar las compañías “con menos de 750 empleados o un volumen de negocio anual inferior a 200 millones de euros”.
Con esa redacción, Incarlopsa y su filial SECALSA se quedaron sin las ayudas que solicitaron en la convocatoria de 2011. Ambas compañías recurrieron la decisión del gobierno anterior argumentando que sí cumplían los requisitos establecidos como gran empresa. Sin embargo, los tribunales terminaron por dar la razón al gobierno anterior y condenar en costas a las compañías del grupo Incarlopsa. Entre los argumentos que pesaron en el fallo judicial figura que, a efectos de los requisitos, debían computarse tanto la cifra de negocios como la de trabajadores de la empresa consolidada y que según las cuentas correspondientes al último ejercicio cerrado no se cubrían ninguna de esos dos requisitos, al tener 781 trabajadores (número medio total anual) y superar los 200 millones de facturación. En concreto, el volumen de negocios del grupo consolidado Incarlopsa ascendía a 395.658.755€ (Certificado de Auditor Externo de fecha 4-4-2011 relativo al ejercicio 2010).
Tras las elecciones de mayo de 2015, el 4 de julio tomó posesión como presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, unos días después nombra consejero de Agricultura a Francisco Martínez Arroyo. El 20 de octubre el nuevo consejero firma una orden por la que deja de estar vigente la orden de 2009 que regulaba las ayudas del FOCAL 2007-2013 y entra en vigor la nueva orden, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2014-2020) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
En la regulación para el nuevo periodo desaparece en el apartado de beneficiarios la mención a grandes empresas y a los requisito que deben reunir, y ya sólo se dice que “podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroalimentarias localizadas o que se vayan a localizar en Castilla-La Mancha y dedicadas a la transformación y/o comercialización de productos agrícolas del Anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca”.
En cambio, en las definiciones de la norma sí se hace una segmentación de tipos de compañías, para determinar los baremos de porcentajes subvencionables, algo que a fin y a la postre también tendrá su incidencia en las ayudas de 2015 a Incarlopsa y SECALSA. Se distingue entre empresas micro, pequeñas, medianas, no pymes intermedias y empresas no pymes grandes. Las ayudas máximas a las pymes son del 50% de la inversión, a las no pymes intermedias del 25% y a las grandes del 12,5%. Ahora a las grandes se las define como las que “ocupan al menos a 750 personas y cuyo volumen de negocios anual es al menos de 200 millones de euros y cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros para grandes empresas”. Lo que en el anterior periodo eran topes máximos para el nuevo periodo pasan a ser topes mínimos.
La orden se publica dos días después, el 22 de octubre de 2015. El 6 de noviembre, el Director General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, Agapito Portillo Sánchez, firma la orden por la que se convocan las ayudas de 2015. El total para las ayudas es de 50 millones de euros repartidos en dos anualidades, la de 2016 por 5 millones y la de 2017 por 45 millones.
El 31 de diciembre de 2016, el último día del año y a unas horas para que finalice el ejercicio contable de la administración y de la mayoría de las empresas, la Consejería dicta resolución por la que se concede las ayudas del FOCAL 2015. A Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Inarlopsa) se le otorga una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75.
Entre las dos empresas del grupo se llevan 4.752.672,43 euros, lo que equivale al 9,5% del presupuesto de 50 millones establecido para todas las empresas. En el listado de beneficiarios de las subvenciones se contemplan ayudas a casi 200 compañías.
Las ayudas se conceden justo unas horas antes de cerrar el ejercicio de 2016. A resultas de la jurisprudencia establecida por el TSJ y el Tribunal Supremo los requisitos a cumplir y los baremos de porcentajes de subvención deben responder al volumen de la compañía en 2015, último ejercicio cerrado. Incarlopsa declaró ventas en 2015 por valor de 509,7 millones de euros y obtuvo beneficios por valor de 29 millones de euros. El número medio de trabajadores declarados en 2015 fue de 676, trabajadores. Ambos datos la situarían en empresa no pyme intermedia. Unas horas después de la concesión, el grupo Incarlopsa cierra el ejercicio de 2016 y lo hace con 1.227 empleados de media en el año, con una facturación de 530,38 millones de euros y unos beneficios de 31 millones de euros, lo que la hace saltar de escalón y la sitúa como gran empresa.
Llorente, que se ha mantenido firme en este tema, ha señalado que “voy a seguir preguntando, pidiendo explicaciones y exigiendo responsabilidades sobre el caso Incarlopsa y el apoyo de gobierno a las macrogranjas. No me van a poder callar".
Llorente considera que este su firmeza en este caso y su beligerancia contra la actuación del ejecutivo están detrás de la campaña de desprestigio que está llevando a cabo contra él desde el sector oficialista de Podemos, integrado en el gobierno regional. El portavoz de la formación morada ha revelado hoy que ha interpuesto una demanda de conciliación previa de una querella de injurias y calumnias contra los firmantes de la de única en la que se le acusaba de trato machista. Llorente, que no ha querido revelar los nombres por respeto ha indicado, en contra de lo que se difundió en un primer momento que sólo uno de los firmantes era liberado de la formación
Llorente ha criticado la actitud tanto del secretario general y vicepresidente del gobierno, José García Molina, y de la Secretaría de organización y vicepresidenta de las Cortes, María Díaz: “ En Podemos no cabe ni la difamación ni las acusaciones sin pruebas. Es algo contrario a nuestro código ético y es inaceptable que Molina haya aprovechado la coyuntura para salir a los medios de comunicación a gestionar y desautorizarme públicamente como portavoz de Podemos, sin referirse a ningún hecho concreto en el que apoyarse para esa desautorización. Es algo totalmente impropio de un secretario general”.
Llorente también ha anunciado una concentración el día 31 de mayo en Talavera contra las macrogranjas. El portavoz de Podemos también ha anticipado que llevara a cabo iniciativas parlamentarias en relación a los numerosos fondos que el gobierno regional ha destinado a promover macrogranjas, un modelo de explotación reflejo de la ganadería extensiva, que genera graves perjuicios al medio ambiente, la calidad de las aguas y la salud publica. “De una forma u otra voy a seguir preguntando cada semana en cada pleno sobre en caso Incarlopsa y sobre las macrogranjas".
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