La Asociación pone el acento crítico sobre la gestión del gobierno de Castilla-La Mancha, "que parece más centrada en beneficiar la delincuencia medioambiental en nuestra región que en ponerle coto permitiendo el normal funcionamiento de la Administración, prohíbe a los Agentes a través de dicha instrucción ejercer una de sus más importantes atribuciones, denunciar presuntos delitos medioambientales y ponerlos en conocimiento de la Justicia".
En este sentido denuncian que desde la Consejería de Agricultura ya se había llegado al extremo de abrir expedientes disciplinarios contra aquellos agentes medioambientales que ponían en conocimiento de los juzgados presuntos ilícitos penales. "Algo insólito teniendo en cuenta que la obligación de comunicar cualquier ilícito penal del que se tenga conocimiento se atribuye a cualquier ciudadano". Y apuntan a un intento desde la Junta de llevar a cabo lo que no fue posible concretar a través de Ley de Montes nacional, "cuando precisamente se intentó cercenar las facultades de los Agentes Medioambientales en la persecución de ilícitos penales, hecho que movilizó a todo el colectivo, ONG`s conservacionistas y a gran parte de la sociedad".
APAM-CLM señala la ilegalidad de la instrucción enviada a todos los agentes mediambientales de la región, señalando que incita a éstos a la dejación de funciones o la omisión del deber de perseguir delitos, cometido éste obligatorio para todos los funcionarios de Policía Judicial, tal cual establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 282:
“La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.”
Del mismo modo, añaden, el artículo 284. 1 establece que:
“Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.”
Cabe destacar que la Sala Coordinadora de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente ya abrió Diligencias Informativas por este mismo asunto contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las cuales se hacía patente que la forma de proceder de la Policía Judicial es la que se encuentra establecida a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que la modificación de tal procedimiento no es competencia de esta Administración. La pretendida instrucción obstruye la obligación y atribución de estos Agentes de poner en conocimiento del órgano judicial competente cualquier presunto ilícito penal del que tengan conocimiento. Cabe destacar que es la Fiscalía y los órganos judiciales los competentes para determinar si unos hechos son o no un ilícito penal. "Lo que se pretende con dicha instrucción es que las delegaciones provinciales de la Consejería ejerzan de filtro para los atestados presentados por los Agentes Medioambientales, de modo que un indeterminado número de los mismos jamás llegaría a ponerse en conocimiento de la Justicia" denuncia la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales .
Desde APM-CLM se ha dado traslado inmediato a esta Fiscalía de la nueva instrucción emitida que, señalan, "dificulta a todas luces la lucha contra la delincuencia medioambiental en Castilla-La Mancha".
Movilizaciones inminentes
APAM-CLM y agentes sociales ya han establecido contacto para, además de las medidas legales a adoptar, valorar la posibilidad de movilizaciones inminentes antes y durante la campaña de incendios forestales, en la que, por otra parte, opinan se verá favorecida la impunidad de los incendiarios al verse limitadas las capacidades de actuación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).
"La ciudadanía de Castilla-La Mancha tiene el derecho a contar con un Gobierno realmente implicado en la protección de su Patrimonio Medioambiental y no en la adopción de medidas en contra de aquellos que lo protegen y a favor de aquellos que mayor daño le causan. Es más, se podría dar la paradoja de que por unos mismos hechos dependiendo del cuerpo policial que los denuncie podría resolverse mediante una sentencia condenatoria por la vía penal o mediante una mera sanción administrativa. Lo anterior va en contra del principio de igualdad de trato a todos los ciudadanos".
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