La campaña cierra llena de promesas… sin cuantificar, es decir sin decir cuánto vale y cómo se van a pagar. Nadie ha echado números. Los únicos que se calculan ahora son los votos. La realidad espera a partir del 26 de mayo, cuando se acaben los mundos de yupi. Todos se han comprometido al fin de las listas de espera en sanidad y en dependencia, a que haya más médicos, más profesores, más escuelas, más hospitales y más medios. A que los funcionarios trabajen menos horas y mejores sustancialmente sus retribuciones y que mejoren sus medios. A que haya más dinero e inversión para el mundo rural, menos impuestos para los autónomos, más ayudas para los emprendedores, más fondos para la lucha contra el desempleo, acabar con la precariedad laboral tanto en el sector público como en el privado…
Los retos para el nuevo gobierno: Los recortes en las ayudas europeas al sector rural, la falta de un modelo de financiación que cubra el déficit de 1.200 millones de euros del actual, la falta de presupuesto ordinario…
La realidad del día después dice que urge aprobar un presupuesto nacional para que Castilla-La Mancha no pierda 500 millones de euros este año. O que su retraso no genere un aumento de la deuda y de los intereses. Para hacernos una idea ese dinero equivale a casi la totalidad del gasto en recetas médicas de un año del sistema público de salud de la Comunidad, que cubre a más de 2 millones de personas.
Las ayudas de la PAC, que sirven para mantener la renta de los agricultores y fijar población en el mundo rural ha descendido ya en 2018, año en el que Castilla-La Mancha recibió del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) 698 millones de euros, (de los que 318 fueron por el régimen del pago básico, el ligado a la realidad productiva). En 2017 las ayudas del FEAGA habían sido 733, es decir 35 millones más. Para 2019 el decreto de noviembre del gobierno nacional ya rebajaba 600 millones de euros para toda España (más de un 10%), siendo Castilla-La Mancha la tercera Comunidad con mayor volumen de la PAC tras Castilla y León y Andalucía. Está previsto que en el periodo 2021-2028 estas ayudas se reduzcan aún más y la rebaja alcance el 15% en términos reales. Esa es la realidad que espera en el mundo rural y en el sector agrario. Está bien decir que se va a pelear por los fondos del 2021-2028 para que no se dé una rebaja. Pero esa rebaja se ha producido en 2018 y para 2019 está anunciada otra más. Está bien decir que hay que fijar población en el mundo rural.
Una consecuencia adicional de esa rebaja será la pérdida de competitividad de nuestro campo, que se trasladará a nuestra principal industria: la agroalimentaria, que, además es el motor de nuestras exportaciones, con un peso de 1 de cada 3 euros que ingresa Castilla-La Mancha por las ventas al extranjero. Y con la vista puesta en el consumidor, la situación puede suponer un aumento de precios, la reducción de su capacidad de consumo, un aumento de la inflación… Y todo ello, un impacto negativo en el crecimiento económico.
Todos se han comprometido al fin de las listas de espera en sanidad y en dependencia, a que haya más médicos, más profesores, más escuelas, más hospitales y más medios
Si en una cosa todos los partidos están de acuerdo es que hace falta más dinero para la sanidad. Más dinero para hospitales, más dineros para tecnología y más dinero para personal, además de formar a más profesionales y evitar que una vez formados terminen emigrando a otros países. Y también se precisa de un fondo inicial para un plan de lucha para reducir las listas de espera, especialmente la quirúrgica y dentro de ella, la de determinadas especialidades, en la que se van aparcando los casos más caros, es decir que tienen un mayor impacto en el presupuesto. La cuestión es que nadie dice cuánto más hace falta y de dónde se va a sacar. Baste decir que tan sólo el plan de choque para acabar con las listas de espera precisaría más de 100 millones de euros. En esta situación parece una broma la propuesta que han realizado portavoces nacionales de Podemos de rechazar las donaciones en tecnología contra el cáncer realizadas por la Fundación Amancio Ortega.
También todos proponen la gratuidad de la educación de cero a tres años y llevar a cabo la infraestructura necesaria para hacerla efectiva la cobertura de toda la población. Hay quien educación aboga también por la gratuidad de la enseñanza universitaria. Son 37 millones adicionales que tendría que pagar el gobierno regional que en esta legislatura entró en conflicto discutiendo si mejoraba o no la financiación corriente.
La gran cuestión es, pues la financiación, es decir, el dinero para hacer las cosas. Y esa es una patata a la que el gobierno nacional da largas. En su conjunto las Comunidades reclaman no menos de entre 16.000 y 18.000 millones de euros al año. Es cierto que el déficit de financiación para el funcionamiento de los servicios públicos en Castilla-La Mancha está en torno a los 1.200 millones de euros anuales. La pretensión y el deseo es conseguir que ese dinero llegue. Pero es eso, una pretensión. La aplicación del modelo propuesto por la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación de régimen común supondría la pérdida a Castilla-La Mancha de 258 millones de euros anuales, según se desprende de las proyecciones que realizó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Todos son partidarios de que los funcionarios trabajen menos horas y mejoren sustancialmente sus retribuciones y que cuenten con más medios
Y de todo eso que es lo que luego se traduce en creación de más empresas y cierre de menos, creación de más puestos de trabajo, mejora de los salarios, mejores de las condiciones de vida. Y de eso, que es la esencia, se habló poco. Porque lo que importa es el 26M. De sus intervenciones en el debate se desprende que todos los líderes coinciden en que hay que aumentar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales. Nadie está en contra. Pero faltó decir cómo piensan de forma realista y no de campaña electoral financiar las promesas.
De momento, lo bueno es que la economía ha enderezado algo su rumbo y parece que sortea la desaceleración, a la espera del impacto del nuevo escenario internacional (proteccionismo comercial, Brexit, precio del crudo y reducción de los estímulos monetarios y financieros). Esa mejora permite contar con algo más de recaudación ordinaria, algo que al menos se va a notar en 2020 y 2021. Pero se reduce la capacidad de obtener dinero extraordinario en créditos para aumentar el gasto vía déficit, porque a partir del año que viene las cuentas públicas de Castilla-La Mancha deberán cerrar equilibradas, o lo que es lo mismo los gastos de funcionamiento deberán ser iguales o inferiores a los ingresos ordinarios.
Si (
No(
