emiliano garcia page

Si las familias de nuestra Comunidad tuvieran que hacer frente a la deuda que arrastra e incrementa año tras año el gobierno del presidente García-Page, tendrían que abonar a razón de 7.100 euros por cada uno de los componentes del hogar. El gobierno del presidente García-Page es el segundo más endeudado en relación a la riqueza regional, con un 36% del PIB de la Comunidad, sólo superado por el valenciano (42,5%). Sin embargo, los hogares de Castilla-La Mancha son, junto a los extremeños y canarios, los que menos ingresos netos medios anuales tienen. Nunca antes la deuda pública regional se había aproximado a los 14.500 millones de euros. En los dos primeros años de mandato la carga ha subido en 1.004 millones de euros y se sitúa en 14.430 millones. Todo ello sin contar las facturas que debían a sus proveedores y otros pagos a beneficiarios de subvenciones, otros 246 millones de euros.

En 2017 el gobierno de Castilla-La Mancha dejó sin gastar 682 millones de euros sobre el total del presupuesto definitivo. El dato forma parte del informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas en términos homogéneos, para lo cual se desestima algunas partidas como las del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA).

Durante la actual legislatura se ha producido un fuerte incremento de los seguros privados de salud en nuestra Comunidad, a los que los ciudadanos han recurrido ante el deterioro del servicio público. Todo ello coincide con un proceso de aumento por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de los fondos destinados a derivaciones sanitarias en un intento de frenar el deterioro de las listas de espera.

Tiene el gobierno de García-Page la teoría y la práctica de marginar al crítico y al discrepante, ya sea una organización civil, un político rival (incluidos los del propio partido), un activista o un medio de comunicación… Y esa estrategia que antaño podía tener más o menos efectividad ha terminado por abrir brecha contra el propio gobierno y su presidente. Por el contrario, es generoso con el adulador.

Castilla-La Mancha incumplió el objetivo del déficit por el incremento de fondos que destinó a financiar servicios sanitarios con empresas privadas. Según la Intervención General del Estado (IGAE), el incremento del gasto (por encima de lo que la Comunidad podía asumir financieramente) es “consecuencia en gran medida del mayor gasto del 22,4% en conciertos de asistencia sanitaria”. Aunque el ejecutivo del presidente García-Page oculta los datos sobre la ejecución presupuestaria de finales de diciembre, que podrían arrojar luz sobre este y otros puntos de su gestión, el aumento podría haber alcanzado los 28,5 millones de euros sobre la cuantía aprobada por las Cortes.

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

Dicen que en los negocios hay mucho de gestión y un poco de suerte. Y en el caso de Incarlopsa uno de esos momentos de suerte le vino dado por el hecho de que el gobierno del presidente García-Page modificara en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. El 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.

Los nuevos datos sobre el maltrato animal en Incarlopsa y la actuación del gobierno regional pone el foco en el ejecutivo del presidente García-Page, que sancionó a dos veterinarios que habían levantado actas contra la empresa Incarlopsa por maltrato animal y mantuvo la sanción hasta que esta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante una sentencia en la que se llega a afirmar que “la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”.

Según publica el prestigioso diario Economía Digital, “la Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal que la justicia acaba de acreditar en el matadero de Incarlopsa, el principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona”. El gobierno de Emiliano García-Page -según esta información que no ha sido desmentida por el ejecutivo regional- no sólo omitió su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios, sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica denunciada”. La información es del periodista David Placer y está titulada como “La Junta encubrió el maltrato animal del carnicero de Mercadona”. Uno de los sumarios destaca que “una sentencia acredita que el gobierno manchego acosó a los inspectores que denunciaron maltrato animal por órdenes de la empresa que denunciaban”.