emiliano garcia page

“Yo no pago las facturas de Barreda”. Fueron las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page cuando conoció la delicada situación financiera de la Universidad. Se refería al coste de la puesta en marcha del grado de medicina en Ciudad Real, el de arquitectura en Toledo, el de periodismo en Cuenca, el de farmacia en Albacete y el de enfermería en Talavera; gastos que se quedaron sin pagar en unos casos y sin incluir en la subvención nominativa del ejecutivo a la UCLM, en otros.

Carmen Amores, que ha llevado cierta tranquilidad al ente público de la radio y la televisión de Castilla-La Mancha -las del gobierno regional-, quiere marcar perfil técnico, el de la modernización tecnológica, el de la conversión de la antigua tele en una plataforma digital. Y trata de desmarcarse de lo de la tendenciosidad -que la hay- y de las llamadas de Presidencia, como si la cosa no fuera con ella.

Anda el gobierno regional preparando el asalto a la Universidad y el presidente el asalto a Bruselas. Quiere el gobierno controlar la Universidad y el presidente hacerse un hueco en la lista al Parlamento Europeo. García-Page se ha traído a Toledo al eurodiputado Sergio Gutiérrez como secretario de organización del PSOE-PSCM para que se dedique en cuerpo y alma al partido en Castilla-La Mancha, dice que en ello va en juego las elecciones autonómicas de 2019, que coincide con las europeas. Y si Pedro Sánchez quiere o las encuestas no dan la mayoría, García-Page ya tiene un hueco en la lista al Parlamento Europeo. Ese es el aspecto más destacado -el no escrito- en el congreso regional del PSOE-PSCM, donde otra de las cuestiones de interés ha sido el paso atrás dado por el actual motor del socialismo regional, el presidente de las Cortes Jesús Fernández Vaquero.

El gobierno regional mantiene sin gestionar (en ejecución cero) seis de las trece actuaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas (PIGC), contempladas como acciones de emergencia. El Plan, creado a iniciativa de Podemos e incorporado a los presupuestos de 2016 y 2017 es supervisado por Inmaculada Herranz, consejera “Encargada de la coordinación del Plan”, que junto a José García Molina son los dos miembros de la formación morada en el ejecutivo de coalición de las formaciones de izquierda que preside Emiliano García-Page.

La situación de Cataluña ha dejado en segundo plano el debate interno de nuestra Comunidad, el que se va a celebrar la próxima semana sobre el estado de la Región, en el que se hará un repaso de la evolución de Castilla-La Mancha en el último año. El presidente, García-Page llega a él con un perfil bajo, ausente de la tribuna parlamentaria en los grandes momentos institucionales y políticos que ha tenido Castilla-La Mancha en el último año, que no han sido ni pocos ni livianos: El primer presupuesto rechazado de la historia autonómica, la primera gran crisis institucional, hasta el punto de que el propio presidente anticipó su continuidad futura a los resultados del proceso interno que ha vivido el PSOE y que también se barajara la posibilidad de un anticipo electoral.

Los protagonistas vestían de uniforme o de calle. No faltaron los representantes de los gobiernos ni de las Cortes nacionales y regionales, ni de las instituciones locales y provinciales. Tampoco de los partidos políticos mayoritarios. Pero en el acto central conmemorativo de la patrona de la Guardia Civil celebrado en Toledo, además de a la clase dirigente se vio al pueblo llano al lado de la Guardia Civil.

Sabe García-Page que una de las principales causas de la derrota de José María Barreda fue la deuda acumulada con los proveedores. Cuatro mil millones en facturas pendientes en una región como esta se llevan por delante microempresas, empleos y al mismo gobierno. De ahí que uno de los objetivos del actual ejecutivo sea tratar de mantener saneadas las finanzas al precio que sea, incluido los recortes de los servicios públicos, vía inejecución del presupuesto. Y si se descomponen las cuentas, que no trascienda, que no se note. Se busca una explicación estilo Groucho Marx y se manda a los medios.

“Ya es hora de acabar con esta monarquía bananera y su régimen corrupto para construir una república democrática confederal basada en la libre adhesión de los pueblos. No necesitamos una segunda transición, sino una primera ruptura democrática con el franquismo ¡#RepublicaYa! Este tweet del portavoz parlamentario de Podemos e las Cortes de Castilla-La Mancha, donde PSOE y Podemos gobiernan en coalición, ha provocado una fuerte bronca política en el pleno del Parlamento Autonómico.

José Luis Blanco, que se define como “un humilde militante de base, un alcalde enamorado de su pueblo y un soñador que sigue pensando que hay que librar todas las batallas justas”, no ha podido con el secretario general, García-Page, y la fuerza que le confiere su posición institucional como presidente de la Junta de Comunidades. Una fuerza que le ha servido para aglutinar el 70,75% de los votos de los militantes en el proceso de primaria. Se le escaparon el 29,25% que respaldaron a Blanco.

Anda el gobierno regional con dos obsesiones: la mala malísima y el bueno buenísimo. Y, oye, esto se ha convertido en algo patológico. Hasta el punto de que los medios tengamos que poner la información que nos venden vía comunicados y notas oficiales en cuarentena y poda. La poda para desbrozar adjetivos y dejar la información en los hechos. La cuarentena para comprobar si los datos que ofrece son veraces.

Las omisiones en la declaración de bienes rentas y actividades del vicepresidente segundo, dadas a conocer por ABC y criticadas por el Partido Popular, se han sumado hoy al hecho de que ninguno de los consejeros ni el vicepresidente segundo del ejecutivo nombrados en los últimos meses hubieran comparecido en las Cortes Regionales para pasar el informe de idoneidad, tras explicar su situación económica, patrimonial y de actividades. Esa comparecencia debería haberse producido antes de que tomaran posesión. El trámite para el titular de Educación, Ángel Felpeto (mayo de 2016), de Fomento, Agustina García Élez (abril de 2017), de coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz (agosto 2017), y del propio vicepresidente segundo, García Molina (agosto 2017), se ha materializado esta mañana y ha servido al Partido Popular para señalar al presidente del ejecutivo, García-Page, como único miembro que no ha informado en el parlamento de su situación patrimonial y económica.

La presidenta del Grupo Popular ha pedido a García-Page que cese a José García Molina, su vicepresidente segundo y responsable de las relaciones institucionales, tras el encuentro que mantuvo con su homólogo de Cataluña, Oriol Junqueras. Guarinos ha exigido a García-Page que abandone la ambigüedad y que tome esta medida además de que comparezca de forma inmediata en las Cortes para explicar la situación.

Ha sido la semana de Cataluña -y lo seguirá siendo esta- y de los datos económicos. El gobierno regional del presidente García-Page con un vicepresidente catalán partidario del referéndum y apoyado por el grupo de Podemos, cuyo portavoz es también catalán y defiende el referéndum huye del escenario incómodo. Y así mientras en Podemos su portavoz en el Parlamento regional llama al PSOE cómplice silencioso de lo que considera represión del PP en Cataluña, en el gobierno regional prefieren evitar dar explicaciones sobre su alianza con los defensores de la autodeterminación de Cataluña, la misma que García-Page echó en cara a Pedro Sánchez hace ahora justo un año y que desembocó en el golpe de mano de los barones contra su secretario general.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia una vez más los datos sobre el funcionamiento del sistema de dependencia de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que consideran poco fiables y diferentes a los proporcionados por el IMSERSO.