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Reino Unido

El Gobierno de Castilla-La ha pedido unas negociaciones comerciales justas y “con lealtad” a Reino Unido para que cumpla las mismas reglas que el resto de países europeos una vez se haga definitiva su salida de la Unión Europea.

  • La reacción británica a la reunión imponiendo cuarentenas y recomendando a sus ciudadanos no visitar España tendrá un impacto cercano a los 8.000 millones

En noviembre de 2017 el gobierno de Castilla-La Mancha desembarcó en Londres con la intención de hacerse con una parte de la tarta que representa el turismo británico. Por aquel entonces, los viajeros procedentes del Reino Unido representaban el 8% de los extranjeros que visitaban nuestra Comunidad. Se pretendía captar un cliente con un perfil elevado de gasto, porque el 62% hacía turismo de compras y un 47% gustaba en visitar ciudades. Dos campañas después, la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya ha dado al traste con el esfuerzo desplegado por el gobierno regional y también con el nacional. Un error de su gestión le va a costar a Castilla-La Mancha una caída de 21.000 turistas y más de 17 millones de euros sólo en el gasto de estos viajeros en hoteles y más de 8.000 millones en gasto total al conjunto del país que tiene en el Reino Unido su principal flujo de turistas, el 22% del total.
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La justicia británica ha sido la encargada de mediar en el conflicto entre el actual propietario del polémico aeropuerto de Ciudad Real y el fondo de inversión inglés Roundshield que se ofreció a financiar la operación de compra de la infraestructura. Roundshield reclamó judicialmente a Rafael Gómez Arribas, dueño del aeropuerto de Ciudad Real, el pago de más de medio millón de euros en concepto de los gastos derivados del análisis de riesgos de la fallida operación de financiación.