Las reflexiones forman parte de un nuevo boletín publicado este lunes por la fundación, centrado en el seguimiento de las reformas vinculadas al Plan de Recuperación y otras medidas estructurales aprobadas o en tramitación durante el último año. El informe ha sido elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.
Según el análisis, el diseño de la regularización genera dudas sobre la coherencia de los criterios establecidos. Fedea cuestiona que se acepte únicamente a personas en situación de vulnerabilidad económica dentro del grupo de extranjeros que cumplan otros requisitos básicos, como llevar al menos cinco meses en España y carecer de antecedentes penales, aunque no tengan vínculos laborales o familiares en el país.
El informe sostiene que, si la vulnerabilidad no debe ser un motivo de exclusión, tampoco debería convertirse en un criterio diferenciador para acceder al proceso. En opinión de la fundación, aceptar solo a quienes disponen de menos recursos económicos implicaría priorizar precisamente a quienes previsiblemente requerirían más apoyo público o tendrían mayores dificultades de integración laboral.
En ese sentido, Fedea plantea dos alternativas. La primera sería reconocer abiertamente una regularización más amplia para todas las personas que no supongan un riesgo para el orden público y acrediten un tiempo mínimo de permanencia en España, simplificando así los trámites administrativos. La segunda, que considera “más razonable”, pasaría por eliminar cualquier referencia a la vulnerabilidad y mantener únicamente los requisitos tradicionales de arraigo familiar o laboral, siguiendo el modelo de anteriores procesos de regularización.
Críticas a la nueva Ley de Industria
El boletín también analiza el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica (PLIAE), actualmente en tramitación parlamentaria, así como algunas medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/26. En este ámbito, Fedea advierte de que las nuevas normas incorporan instrumentos que apuntan hacia una política industrial de carácter “intervencionista”.
Entre los aspectos señalados figura la creación de los llamados proyectos industriales estratégicos, una figura que permitiría al Gobierno conceder ayudas específicas y agilizar determinados trámites administrativos a iniciativas consideradas de especial interés, incluidos los relacionados con conexiones a la red eléctrica o infraestructuras.
La fundación también pone el foco en los procesos de reindustrialización previstos en la ley. El texto obligaría a las grandes empresas industriales a comunicar con al menos nueve meses de antelación el cierre de centros de trabajo o reducciones significativas de actividad y empleo. Durante ese periodo podrían abrirse negociaciones con las compañías y buscar alternativas para mantener la producción y el empleo mediante mesas de reindustrialización en las que participarían sindicatos y comunidades autónomas.
Otro de los elementos destacados por Fedea es la futura Reserva Estratégica de Capacidades Industriales (RECAPI), concebida como una herramienta para reducir la dependencia exterior en suministros considerados esenciales. El mecanismo no se basaría necesariamente en almacenar productos físicos, sino en identificar capacidades industriales nacionales que pudieran activarse rápidamente en situaciones de crisis o tensión geopolítica.
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