Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha advertido de que el Gobierno regional no retirará la demanda presentada contra la Administración central mientras no pueda evaluar el contenido de las nuevas normas que regularán el funcionamiento del trasvase.
Durante una rueda de prensa en Toledo, Gómez ha señalado que el Ejecutivo autonómico desconoce todavía cómo se concretará la modificación de las reglas de explotación y si estas permitirán ejecutar de forma efectiva los fallos judiciales dictados en los últimos años.
“No conocemos exactamente cómo quieren mejorar la regla de explotación del trasvase para llevar a efecto la ejecución de las sentencias que hasta ahora el Estado no ha trasladado”, ha afirmado.
La consejera ha insistido en que Castilla-La Mancha solo reconsiderará su posición cuando compruebe que las nuevas reglas benefician al río Tajo y garantizan el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo. “Evidentemente tampoco retiraremos la demanda que tenemos presentada contra el Estado hasta que veamos que beneficia y se cumple lo establecido en las sentencias”, ha remarcado.
Gómez también ha criticado el retraso acumulado en la aprobación de las nuevas normas de gestión del trasvase, recordando que su modificación debería haberse producido hace más de dos años. Durante este periodo, según ha señalado, se han dictado además dos nuevas sentencias “muy contundentes” que refuerzan la necesidad de adaptar el sistema a las exigencias ambientales fijadas por los tribunales.
La titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que el cambio normativo deberá aprobarse mediante un Real Decreto y pasar previamente por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. En este punto, ha vuelto a denunciar que Castilla-La Mancha no forma parte de ese órgano de decisión.
Según ha precisado, la exclusión afecta incluso a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, entidad que considera usuaria del sistema y que presta servicio, a través de la Llanura Manchega, a unos 73.000 consumidores de la región. La Junta ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que corrija esta situación y permita su participación en la comisión.
La consejera ha concluido lamentando que el proceso siga sin resolverse y ha acusado al Estado de continuar “dilapidando el agua del Tajo” mientras se retrasa la reforma de las reglas de explotación del trasvase.
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