Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión bilateral mantenida en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Mónica García, para abordar la futura reforma del modelo.
El titular de Hacienda del Ejecutivo castellanomanchego ha cuestionado la utilidad de un encuentro que califica de “tardío”, al celebrarse después de que las decisiones fundamentales ya hayan sido adoptadas. En este sentido, ha defendido que las reuniones con las comunidades autónomas deberían haberse producido antes de que el Gobierno central alcanzara acuerdos con una comunidad concreta y antes de presentar públicamente su propuesta.
Ruiz Molina ha asegurado que Castilla-La Mancha ha acudido a la reunión por “lealtad institucional y por educación”, aunque ha lamentado que el proceso se haya desarrollado sin un debate previo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que, a su juicio, debería haber servido para contrastar las distintas posiciones territoriales.
Rechazo al principio de ordinalidad
Uno de los principales motivos del desacuerdo del Gobierno castellano-manchego es la incorporación del denominado principio de ordinalidad, un criterio que permitiría que las comunidades con mayor capacidad tributaria mantuvieran una posición privilegiada en términos de financiación una vez realizada la redistribución de recursos. Este planteamiento supone asumir que los territorios con mayores niveles de renta disponen de más recursos para prestar servicios públicos, una filosofía que Ruiz Molina considera incompatible con los principios de igualdad y cohesión territorial.
“Quien más tiene debe recibir más”, ha resumido Ruiz Molina para criticar un modelo que, en su opinión, resulta difícil de justificar desde posiciones políticas que se definen como progresistas.
Más peso para la despoblación y la dispersión
Frente a esa propuesta, Castilla-La Mancha mantiene su defensa de un sistema basado en el coste real de prestación de los servicios públicos y en variables como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico.
El consejero ha recurrido a un ejemplo para ilustrar esta posición: mientras una ciudad como Fuenlabrada, con una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, presta la Atención Primaria mediante siete centros de salud, en el territorio conquense son necesarios 32 para garantizar la cobertura asistencial.
A juicio del Gobierno regional, el futuro modelo debe garantizar recursos suficientes para financiar el coste efectivo de servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, independientemente de la riqueza del territorio donde residan los ciudadanos.
“Un modelo que no debe salir adelante”
Ruiz Molina ha sido especialmente contundente al definir la propuesta como un modelo “injusto” que responde a las exigencias de una comunidad autónoma concreta y que no debería prosperar.
Además, ha advertido de que el debate está trasladando a la sociedad la idea de que los territorios más ricos tienen derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a ofrecer mejores servicios, una premisa que rechaza de plano.
“En Castilla-La Mancha no queremos un modelo que premie a los territorios; queremos un modelo que proteja a los ciudadanos, con independencia de dónde vivan”, ha afirmado el consejero, quien ha calificado la propuesta de “despropósito” para quienes defienden la igualdad de todos los españoles con independencia de su capacidad económica o de su lugar de residencia.
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