El debate, celebrado este jueves en el Parlamento autonómico, se produce en un contexto nacional especialmente sensible: la negociación bilateral del Ministerio de Hacienda con Cataluña y el peso del principio de ordinalidad como eje del nuevo sistema han encendido las alarmas en comunidades infrafinanciadas como Castilla-La Mancha, que temen quedar relegadas en el reparto de recursos.
La línea roja de la ordinalidad
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue claro al fijar la ordinalidad como una “línea roja” infranqueable para el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Este principio —que implica que las comunidades mantengan su posición relativa en renta antes y después de la redistribución— es, a juicio del Gobierno regional, incompatible con la igualdad efectiva entre territorios, al consolidar que “quien más tiene, más recibe”.
Desde una perspectiva técnica, esta crítica conecta con uno de los grandes debates del sistema: si la financiación debe corregir desigualdades reales de capacidad y costes o limitarse a ordenar el reparto sin redistribución profunda. Para Castilla-La Mancha, con una población dispersa, envejecida y mayores costes de prestación de servicios públicos, la ordinalidad supone blindar una desigualdad estructural.
A ello se suma el reproche político al Ministerio de Hacienda por la falta de negociación multilateral y de transparencia. El Gobierno regional considera que la vía elegida —acuerdos previos con determinadas comunidades— rompe el equilibrio del modelo de régimen común y debilita la lealtad institucional.
Fondo transitorio y deuda: dos frentes distintos
Más allá del rechazo al modelo, el Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa dos propuestas con impacto inmediato. La primera, la creación de un fondo transitorio de nivelación que permita compensar a las comunidades infrafinanciadas mientras se negocia un nuevo sistema, consciente de que la reforma definitiva puede demorarse años.
La segunda, la condonación de deuda autonómica, que el Gobierno regional sí respalda. Según los datos manejados por Hacienda, Castilla-La Mancha sería la comunidad más beneficiada por habitante, con un ahorro estimado de 760 millones de euros en los próximos años. Aquí se abre una brecha política relevante: mientras la financiación futura se rechaza por regresiva, el alivio financiero inmediato se defiende como una medida pragmática para ganar margen presupuestario.
PP y Vox: rechazo frontal y presión sobre Page
El Partido Popular ha coincidido en el diagnóstico de que el modelo perjudica a Castilla-La Mancha, pero ha dirigido el foco hacia el presidente regional. Su líder, Paco Núñez, ha acusado a García-Page de “ambigüedad” y le ha exigido un gesto concreto: que los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso voten en contra del modelo si llega a la Cámara Baja.
Para el PP, el riesgo no está solo en el diseño del sistema, sino en permitir que avance políticamente para después recurrirlo, una estrategia que consideran tardía e insuficiente. La batalla, sostienen, debe librarse antes de que el daño sea irreversible.
Vox, por su parte, ha ido más allá al cuestionar el propio Estado autonómico, al que define como un modelo “agotado”. Su discurso conecta el debate de financiación con una crítica estructural al sistema territorial y acusa tanto al PSOE como al PP de haberlo utilizado para beneficiar al independentismo, una tesis recurrente en su posicionamiento nacional.
Resolución aprobada… y una paradoja política
La resolución aprobada finalmente —con los únicos votos del PSOE— rechaza formalmente el nuevo modelo por su “carácter regresivo e injusto” e insta al Gobierno regional a emplear todas las vías jurídicas para impugnarlo si sigue adelante. El texto también reclama una negociación multilateral y un sistema que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos.
La paradoja política es evidente: las Cortes rechazan el modelo, pero el debate trasciende el ámbito autonómico y se traslada al Congreso, donde la capacidad de influencia real dependerá de la coherencia entre el discurso regional y las decisiones en Madrid.
Una financiación clave para los servicios públicos
En el fondo del debate subyace una cuestión esencial: la sostenibilidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Castilla-La Mancha lleva más de una década señalando su infrafinanciación y alertando de que cualquier reforma que no tenga en cuenta las necesidades reales por habitante y los costes efectivos de prestación profundizará las desigualdades territoriales.
El rechazo unánime en lo sustancial muestra que el modelo propuesto no ha logrado el consenso mínimo necesario. Ahora la incógnita es si este posicionamiento institucional se traducirá en una capacidad real de influencia en una reforma que, más allá del debate político, marcará la calidad de los servicios públicos y el margen económico de la región durante la próxima década.
Si (
No(
