Así lo evidencian las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en el Senado, en las que ha apelado directamente a Junts para que reconsidere su posición, al tiempo que ha cerrado de forma tajante la puerta a su principal exigencia: un concierto económico para Cataluña. Un equilibrio complejo: pedir apoyo parlamentario sin conceder el modelo singular que reclama el socio más imprevisible de la aritmética del Congreso.
Un modelo condicionado por la aritmética parlamentaria
El mensaje de Montero es doble. Por un lado, insiste en que la propuesta del Gobierno “inyecta más recursos” y reduce la brecha de financiación por habitante, defendiendo que, en términos técnicos, el nuevo modelo mejora al vigente. Por otro, admite que comunidades como Castilla-La Mancha “esperaban más”, una confesión que confirma el diagnóstico regional: el nuevo reparto no satisface plenamente a los territorios infrafinanciados ni refuerza de forma suficiente los criterios de igualdad y cohesión.
Sin embargo, el Ejecutivo parece asumir ese coste político en favor de un objetivo superior: no perder el apoyo de Junts. Aunque Montero rechaza públicamente el concierto económico, también subraya lo “difícil” que sería que el partido de Carles Puigdemont no respalde un modelo que beneficia económicamente a Cataluña. En otras palabras, el Gobierno confía en que la mejora financiera actúe como incentivo suficiente, aun sin blindar un sistema singular.
Castilla-La Mancha, entre la decepción y el riesgo del bloqueo
Para Castilla-La Mancha, la situación es especialmente delicada. El reconocimiento explícito de Montero de que la región esperaba más, refuerza la posición crítica tanto del Ejecutivo autonómico como del PSOE regional, que ven cómo el nuevo modelo no corrige de forma contundente las desventajas estructurales de los territorios con menor capacidad fiscal y mayor dispersión poblacional.
Al mismo tiempo, el Gobierno central lanza un aviso claro: “o se reforma ahora o no habrá nuevo modelo en 5 o 10 años”. Un ultimátum que coloca a comunidades como Castilla-La Mancha ante una disyuntiva incómoda: aceptar un sistema que consideran insuficiente e injusto o arriesgarse a mantener un modelo agotado durante otra década, con el consiguiente impacto sobre la financiación de la sanidad, la educación o los servicios sociales.
El Gobierno y el factor Junts: una ventaja táctica
Desde el punto de vista político, el Ejecutivo utiliza la presión del calendario y la aritmética parlamentaria como palanca. El rechazo del PP —que Montero atribuye a una “consigna de Génova”— deja a Junts como árbitro del proceso. Y esa posición de bisagra juega a favor del Gobierno, que puede presentar cualquier concesión técnica o dejar que sea el paetido de Puigdemont el que haga caerla propuesta de financiación que tan parca acoda ha cosechado entre e conjunto de las comunidades autónomas salvo Cataluña.
En ese contexto, el discurso del “ahora o nunca” no solo interpela a las comunidades autónomas, sino que funciona como un mensaje interno para Junts: si el modelo cae, Cataluña también perderá la oportunidad de mejorar su financiación dentro del sistema común.
La reforma de la financiación autonómica avanza, así, sostenida por una paradoja: se presenta como un modelo para reducir desigualdades territoriales, pero depende del apoyo decisivo de un partido que reclama un trato singular para Cataluña. El Gobierno lo sabe y juega sus cartas con cuidado, consciente de que Junts puede ser quien termine por inclinar la balanza… o por echar abajo el sistema.
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