El informe, elaborado por los economistas Fernando Pinto Hernández, Carlos Garcimartín Alférez y Miguel Ángel García Díaz, analiza la evolución del empleo, el desempleo y las prestaciones entre 2005 y 2025 y concluye que la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado notablemente el número de beneficiarios del subsidio y el coste futuro asociado a esta prestación.
Los mayores de 50 años ya cobran más de la mitad de las prestaciones
El estudio refleja el profundo cambio demográfico experimentado por España en las últimas dos décadas. Entre 2005 y 2025, la población total ha aumentado un 13,5%, hasta superar los 49 millones de habitantes, mientras que el colectivo de mayores de 50 años ha crecido un 47,8%, pasando de 14,3 a 21,1 millones de personas.
Como consecuencia, los mayores de 50 años representan ya el 43% de la población española, diez puntos más que hace veinte años.
Este envejecimiento también se ha trasladado al mercado laboral. Aunque el número de ocupados mayores de 50 años se ha duplicado, pasando de 3,8 a casi 8 millones de trabajadores, su presencia en el desempleo ha crecido aún más. En 2025, el 30,3% de todos los parados españoles pertenecen a este tramo de edad, frente al 12,6% registrado en 2005.
Además, los mayores de 50 años concentran ya el 51,8% de todos los perceptores de prestaciones por desempleo y casi el 60% de quienes reciben subsidios asistenciales.
El efecto de la reforma de 2019
La investigación señala que el punto de inflexión se produjo con la reforma aprobada en marzo de 2019, que recuperó buena parte de las condiciones previas a los recortes introducidos en 2012.
Entre otras medidas, la reforma redujo la edad de acceso al subsidio de 55 a 52 años, eliminó el criterio de renta familiar para evaluar únicamente los ingresos individuales, amplió el periodo de percepción hasta la edad ordinaria de jubilación y elevó la base de cotización asociada a la prestación del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según los autores, estos cambios han provocado un fuerte aumento del número de beneficiarios. Las estimaciones indican que, sin la reforma, el subsidio habría seguido una trayectoria descendente y en 2030 habría unos 214.000 perceptores. Con la normativa vigente, la cifra alcanzará cerca de 530.000 personas.
Esto supone 315.718 beneficiarios adicionales atribuibles directamente a la reforma.
Más gasto para el SEPE
El incremento de perceptores tiene una traducción inmediata en las cuentas públicas.
FEDEA calcula que el gasto adicional para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) derivado exclusivamente del pago del subsidio aumentará progresivamente desde los 400 millones de euros registrados en 2019 hasta alcanzar los 1.818 millones anuales en 2030, expresados en euros constantes de 2025.
En el conjunto del periodo 2019-2030, el coste acumulado para el organismo superará los 15.800 millones de euros.
Factura futura para las pensiones
Sin embargo, el mayor impacto se producirá sobre la Seguridad Social.
La razón es que mientras una persona percibe este subsidio, el SEPE continúa cotizando por ella. Además, tras la reforma de 2019 esas cotizaciones se realizan sobre una base equivalente al 125% del SMI, lo que incrementa las futuras pensiones que percibirán los beneficiarios.
A ello se suma otro efecto: los autores consideran que parte de estos beneficiarios podrían haber permanecido trabajando en empleos de baja remuneración si no existiera el subsidio, por lo que la Seguridad Social deja de ingresar determinadas cotizaciones.
Bajo estos supuestos, FEDEA estima un sobrecoste futuro de 9.456 millones de euros por mayores obligaciones de pensiones y otros 8.479 millones por cuotas sociales no recaudadas.
La suma de ambos conceptos arroja una factura de 17.935 millones de euros en valor presente para la Seguridad Social.
Riesgos para la sostenibilidad
El estudio advierte de que la mayor parte de este impacto presupuestario se concentrará durante la presente década, ya que el 80% de los efectos de la reforma sobre el número de perceptores se habrá materializado antes de 2026 y cerca del 90% antes de 2030.
Los autores sostienen que el subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en una figura "híbrida", que combina una función asistencial con otra claramente previsional al influir de forma significativa en la futura pensión de sus beneficiarios.
Aunque reconocen que la reforma ha mejorado la cobertura de un colectivo con dificultades objetivas para reincorporarse al mercado laboral, también alertan de posibles problemas de equidad al no tener en cuenta la renta familiar y de una reducción de los incentivos para aceptar empleos de baja remuneración o a tiempo parcial.
Para FEDEA, el resultado es un aumento sustancial y permanente del gasto público que deberá ser incorporado a la planificación financiera futura tanto del SEPE como de la Seguridad Social.
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