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El proceso de reestructuración de la deuda pública de Castilla-La Mancha acometido en los tres últimos años de forma decisiva por el gobierno autonómico le ha llevado a realizar operaciones de crédito por 11.800 millones de euros, 4.317 millones por encima de las previsiones en las que se contemplaba sólo hacer frente a las amortizaciones previstas. Esa estrategia le ha permitido diferir los vencimientos para evitar situaciones como las que se dieron en el primer trimestre de 2018, en el que el gran volumen de los reembolsos provocó varios incumplimientos en los pagos por parte de la Comunidad. Además, ha supuesto un ahorro de costes en intereses, que se ha notado especialmente en este ejercicio.