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La investidura de Sánchez no garantiza que las regiones vean actualizada su financiación anual de 2019
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(Foto: Ministerio de Hacienda)

La investidura de Sánchez no garantiza que las regiones vean actualizada su financiación anual de 2019

  • El impacto en las cuentas de Castilla-La Mancha está en torno a los 500 millones de euros

jueves 29 de agosto de 2019, 15:38h
Los portavoces de Ciudadanos, David Muñoz, y del Partido Popular, Ana Guarinos, coincidían hoy en que el gobierno regional debe solicitar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la solución al aumento de la financiación de 2019 prevista por este órgano y que no se ha producido por la falta de cobertura legal al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del estado para 2019. Por su parte la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar reclamaba a los partidos de la oposición que fueran coherentes y que facilitaran la investidura de Pedro Sánchez para que se desbloqueara la congelación de la financiación a las Autonomías, “que no se puede producir mientras el gobierno esté en funciones”. La congelación de la financiación tiene un impacto en las cuentas de Castilla-La Mancha de 500 millones de euros, porque afecta no sólo a las entregas a cuenta, también a la regularización de los pagos a las regiones por la recaudación de IVA.
Esta teoría que ha mantenido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recientemente en puertas de la segunda vuelta de la investidura de Pedro Sánchez, es una lectura simplificada de la cuestión. La razón fundamental de que no se haya llevado a cabo la actualización anual de la financiación autonómica a través de las entregas a cuenta, fue expuesta en febrero por la Abogacía del Estado. La financiación de las Comunidades Autónomas forma parte del presupuesto del Estado y, con la actual ordenamiento jurídico, mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado no se pueden actualizar las cifras de los fondos que se deben entregar a los gobiernos autonómicos y que forman parte del estado de gasto de los propios presupuestos y deben mantenerse la del año inmediatamente anterior. Pedro Sánchez decidió disolver las Cortes cuando estas rechazaron su proyecto de ley de presupuestos generales para 2019, lo que provocó la prórroga del presupuesto de 2018. Esta prórroga supone que las regiones reciban en 2019 los mismos fondos que en 2018, lo que daba al traste con el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio de 2018 en el que se acordaron las entregas a cuenta para las regiones españolas en 2019, que suponían un incremento de casi 7.000 millones de euros respecto a 2018.

Ese 31 de julio y en esa reunión, se informó a las Comunidades que esas entregas ascenderían a 102.920 millones de euros para 2019, un 7,23% más que en el ejercicio anterior (6.938,8 millones). De esa cuantía Castilla-la Mancha debería recibir 4.922,8 millones de euros, 295 millones de euros más que en 2018, cuando recibió 4.627,8 millones de euros. En el caso de nuestra región la subida equivalía al 6,37%.

El gobierno de Pedro Sánchez no entró en funciones hasta el 5 de marzo en el que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria electoral para el 28 de abril, por lo que, siguiendo la teoría de la ministra, en los meses de enero y febrero y cuatro primeros días de marzo podría, según la teoría de la ministra, haber transferido o haber aprobado la transferencia de los fondos a las Comunidades Autónomas. La realidad es más compleja. La inestabilidad política nacional y la falta de un gobierno estable dificultan que se puedan presentar, debatir y aprobar unos presupuestos generales del estado en los que se incluya esa actualización de la financiación anual a las Autonomías. O lo que es lo mismo, es necesario que haya una investidura como primer paso para que luego se pueda producir una presentación de los presupuestos. Pero la primera medida no garantiza que haya presupuestos y, por tanto que las regiones puedan respirar financieramente. Otra cuestión que es la planteada meses atrás es que se busque otra salida jurídica que permita hacer efectiva esa entrega, pero seis meses después los servicios jurídicos de las administraciones no la encuentran.

Esos 7.000 millones son por los que claman todas las regiones españolas de régimen común y han llevado a Cataluña a tomar la iniciativa de demandar al Estado para que haga efectivo el aumento.

El problema es que la inestabilidad política nacional puede extenderse varios meses más, lo que agravaría la situación, porque las regiones españolas tampoco verían la actualización del 2020, al menos no de forma inmediata, lo que repercutiría en recortes de gasto y generaría más tensiones de tesorería y un aumento del déficit, situaciones que ya empezaron a quedar patentes en las cuentas autonómicas en los cinco primeros meses del año, en los que las regiones aumentaron su déficit y su deuda comercial con los proveedores (facturas sin pagar) y aumentaron sus periodos medios de pago.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano que entiende de esas materias en el que están representados los gobiernos de todas las Comunidades y del gobierno central, a través de sus titulares de Hacienda.

Ese órgano debe fijar también las entregas a cuenta para el año 2020. Los gobiernos autonómicos están en plena elaboración de sus cuentas para el año que viene y ultimando los proyectos de ley que deberán entregar en sus respectivas asambleas legislativas antes del 1 de octubre.

Las reacciones en Castilla-La Mancha de las tres formaciones parlamentarias a la situación quedan recogidas en las informaciones individualizadas en la sección de política de nuestro diario.
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