El estudio de María Dolores Valdueza que se publica en el número 29 de la revista de Panorama Social de esta Fundación. En la presentación de la revista se ofrece un panorama sobre los beneficiarios de rentas mínimas, las cuantías de las prestaciones y la tasa de riesgo de pobreza, referidas a 2017.
La variedad de políticas de rentas mínimas se manifiesta en aspectos como la cuantía. Por ejemplo, aunque el importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del Estado ronda los 450 euros, las prestaciones oscilan entre los menos de 400 euros de la Comunidad Valenciana, hasta los casi 700 del País Vasco, señala Funcas.
Según el informe, el número de rentas mínimas, diseñadas para combatir la pobreza y la exclusión social, se triplicó en la década que va desde 2007 a 2017. Según pone de manifiesto Funcas en su informe 'Pobreza y rentas mínimas', el número de beneficiarios era de 103.071 en 2007 y pasó a 313.291 en 2017. A estos hay que sumar los casi 466.000 dependientes de estos titulares, con lo que la suma es de 780.000.
En el caso de nuestra Comunidad, en 2017 hubo 3.152 beneficiarios de la renta mínima (aproximadamente uno de cada 100 registrados en el conjunto del país). De esas personas dependían otras 7.994, con lo que la población cubierta en nuestra Región por esta ayuda era de 11.146 ciudadanos.
Estos programas autonómicos de ingresos mínimos fueron diseñados para combatir la pobreza y la exclusión social. Existen 19 normativas (17 comunidades y dos ciudades autónomas) específicas y prestaciones cuyo diseño (y denominación) también difiere.
Los programas autonómicos presentan, además, diferencias significativas en cuanto a los requisitos necesarios de acceso a la prestación, a la duración máxima de su percepción o a la compatibilidad con otras rentas.
Para Funcas llaman la atención dos ejemplos extremos. “Navarra, que posee una de las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de toda España, cuenta con la prestación de “renta garantizada” más generosa, tanto en cuantía como en duración. Sin embargo, el importe y el periodo de cobro de la “renta de inserción” en Extremadura son menores, aunque en esta comunidad la población en riesgo de pobreza alcanza un porcentaje mucho más alto”. Castilla-La Mancha presenta una tasa de riesgo de pobreza del 16,1%, frente a una media nacional del 21,5%.
La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas se dirige a paliar las situaciones de carencia de recursos y de exclusión social de los ciudadanos que residen en su territorio. Por esta razón, se diseña con un carácter bifronte: así, por un lado, se establece una prestación económica y, por otro, se articula un programa de inserción laboral y/o social. No obstante, aun cuando tanto la prueba de recursos como la aceptación del cumplimiento de las exigencias de inserción son condiciones comunes para acceder a estas rentas básicas, el tratamiento que de las mismas se hace por parte de cada comunidad autónoma presenta grandes diferencias, lo que será objeto de estudio de trabajo.
La evaluación de los programas de rentas mínimas permite concluir, a juicio del informe, que” son eficaces en la disminución de la pobreza, mientras que sus costes de eficiencia en forma de desincentivos al empleo son muy moderados”. Con todo, la elevada rotación en la percepción de estas rentas coexiste con la cronificación (no mayoritaria) de las prestaciones en algunos hogares especialmente vulnerables y con escasa capacidad de inserción laboral, puntualiza.
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