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Liberbank extenderá por España el modelo de gestión de oficinas que implantó en CLM
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Liberbank extenderá por España el modelo de gestión de oficinas que implantó en CLM

jueves 07 de noviembre de 2019, 11:45h
La entidad bancaria que engloba a la desaparecida Caja Castilla-La Mancha planea incrementar el número de oficinas franquiciadas hasta alcanzar una cuarta parte de su red de agencias, un sistema que puso en marcha en nuestra Comunidad y que, a la vista de los resultados, pretende incorporar en muchas otras zonas del país.
La idea de las oficinas bancarias franquiciadas se basa en que la entidad cede el control de un establecimiento a un tercero, que se encarga de los costes del mismo y de colocar los servicios de la entidad, en este caso, los productos bancarios de Liberbank. Los beneficios resultantes son compartidos entre la entidad y el franquiciado.

Este tipo de gestión tuvo un gran calado en las oficinas de Liberbank en zonas rurales de Castilla-La Mancha y Extremadura, donde comenzó a implementarse hace apenas tres años. Actualmente la entidad cuenta con 150 oficinas franquiciadas, que ahora pretende ampliar hasta las 192 antes de que finalice el año, la cuarta parte del total de oficinas de Liberbank en España.

Las nuevas oficinas o agencias franquiciadas se emplazarán en zonas de mayor densidad de población, no sólo en zonas rurales, extendiendo el modelo a las capitales de provincia, como es el caso de Valladolid y localidades próximas a grandes núcleos urbanos como Badalona o Rivas Vaciamadrid.

A día de hoy las oficinas franquiciadas que posee Liberbank representan al 8% de la clientela de la entidad, el 4% de los préstamos y el 6% de los depósitos y otros fondos.

Esta expansión de lo que la entidad llama “agencias” franquiciadas responde a la nueva estrategia de Liberbank enfocada a la reducción de costes con el fin de recuperar los márgenes de rentabilidad. En este mismo sentido Liberbank anunció el mes pasado el comienzo de las negociaciones con los sindicatos para sondear las condiciones de un nuevo ERE y un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo que incluye recortes de beneficios sociales de los empleados y reducciones salariales entre otras medidas.
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