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El gobierno central confirma el enfriamiento del proceso para nuevo modelo de financiación autonómica
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(Foto: Pool Moncloa // JM Cuadrado)

El gobierno central confirma el enfriamiento del proceso para nuevo modelo de financiación autonómica

  • A pesar de que el informe técnico de los expertos se elaboró en julio de 2017, hasta noviembre de este año no habrá un “esqueleto básico” para la negociación
  • El sistema de financiación autonómica vigente lleva siete año prorrogado, entró en vigor en 2009 y debía concluir en 2013

lunes 24 de febrero de 2020, 00:01h
Hasta noviembre no habrá un “esqueleto básico” que sirva de base para la negociación del nuevo modelo de financiación. Así lo ha anticipado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que hace que con toda probabilidad el nuevo sistema no entre en vigor hasta el año 2022 o 2023, es decir en el tramo final de la presente legislatura castellano-manchega. Las palabras de la titular del Ministerio en su comparecencia en el Congreso confirman las pocas prisas que tiene el ejecutivo central en esta materia y que fundamentalmente vienen determinadas por dos razones: por el desequilibrio de ingresos y gastos que tiene la propia administración central y por la pretensión de las Comunidades de pegarle un mordisco a la tarta de los ingresos y detraer de la administración central un montante que rondaría los 23.000 millones de euros.
La ministra se muestra partidaria de “iniciar en breve” las conversaciones políticas encaminadas a la reforma del modelo de financiación vigente que data de 2009 y que está prorrogado desde 2013. En su comparecencia en el Congreso expuso que esta nueva fase se produce una vez concluidos los trabajos técnicos.

Han pasado más de dos años y medio desde que una comisión de expertos elaborara el informe técnico sobre el modelo de financiación. En concreto la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017 acordó la creación de este grupo de trabajo. El 10 de febrero de 2017 el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de constitución de dicha Comisión de Expertos; la cual, debía estar formada por profesionales independientes de reconocido prestigio propuestos por el Estado (5) y por las CCAA (16) de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Tras 19 reuniones, incluyendo las del Pleno de la Comisión y las de la Ponencia, la Comisión finalizó sus estudios en la reunión celebrada el 19 de julio de 2017, es decir hace 31 meses.

Con posterioridad, se acordó que las Comunidades deberían evaluar antes del 24 de noviembre de 2017 el informe del grupo de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica. A partir de ahí debía empezarse a debatir epígrafe por epígrafe el nuevo modelo y elaborar la propuesta de borrador que se sometería a votación hasta que alcanzar un texto definitivo.

En enero de 2018, cuando la ministra era consejera de Hacienda de Andalucía y la voz del PSOE autonómico en materia de financiación reclamó que el nuevo modelo pasaba por aumentar la participación de las Comunidades en el reparto del IVA del 50% actual al 75% y de los impuestos especiales, del 58% al 75%, lo que dejaba en manos de las Comunidades 16.500 millones de euros más en detrimento del Ministerio de Hacienda y de la administración central. Esa cifra actualizada en función de la recaudación del IVA y de Impuestos Especiales subiría rozaría de los 23.000 millones.

Pasados los meses, la situación financiera de la administración del Estado es mejor que la que se vivía en 2014, cuando la recesión se dejó sentir con fuerza en los ingresos de las arcas públicas y el gobierno decidió aplazar el modelo de financiación autonómica que debería sustituir al de 2009. Pero en estos seis años no se ha producido el saneamiento definitivo, la economía ha moderado su crecimiento iniciado en 2014 y el gobierno central, ahora una coalición de izquierdas, es partidario de un mayor gasto, lo que reduce la posibilidad de transferir más fondos a las Comunidades. Es algo que ha quedado de manifiesto en la disputa de la liquidación del IVA de 2017, que se tenía que haber producido el año pasado. Una disputa sobre 2.539 millones que según el modelo de financiación vigente eran de las Comunidades Autónomas, pero que el gobierno central se ha quedado para tratar de reducir su elevado déficit.

La comparecencia de la antes Consejera y hoy ministra de Hacienda, viene a confirmar que el gobierno actual enfría el proceso de aprobación del nuevo modelo de financiación impulsado en 2017 y lo dilata en el tiempo.

Como medida paliativa, la ministra apunta a que el gobierno central va a armonizar los impuestos de sucesiones y donaciones y de patrimonio cedidos a las Comunidades Autónomas, estableciendo unas horquillas que evitaría que en algunas Comunidades (especialmente la de Madrid) estos impuestos fueran meramente testimoniales, que es de lo que se quejan algunas regiones, especialmente las colindantes, como Castilla-La Mancha.

El problema que se plantea al abrir esta vía es que hay otros impuestos parcialmente cedidos, como el IRPF, que es junto al IVA la figura fiscal que más aporta a las arcas públicas. Y sobre el tramo cedido, las Comunidades tienen capacidad para subir tipos o poner bonificaciones, lo que podría hacer que la política de reducción fiscal se trasladase a esta figura, con lo que el efecto podría ser mayor que el que se trata de combatir. Incluso se puede llegar a dar que una Comunidad bonificase en renta lo pagado por sucesiones o donaciones.

El informe de los expertos ya apuntaba a la armonización del impuesto de sucesiones y daban vía libre a las regiones para no aplicar el de patrimonio, algo que se aprobó durante el gobierno del presidente Zapatero, lo que provocó casi la desaparición de la recaudación por esta figura, que algunas regiones recuperaron por la crisis de ingresos que sufrían con la recesión.

Pero el informe también apuntaba a dar capacidad a las regiones de establecer copagos en algunos servicios públicos para garantizar su financiación y ceder competencias a las regiones en materia de IVA.
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