FEDEA propone una amplia batería de medidas de respuesta a la crisis económica por el COVID-19

“Habrá que recurrir a la monetización de buena parte de los déficits generados por la crisis mediante la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y otros bancos emisores. Estas instituciones, que ya han comenzado a tomar medidas en esta línea, tendrán también un papel importante que jugar asegurando la liquidez del sistema bancario y modulando sus requisitos regulatorios sin comprometer su solvencia”. En estos términos se expresan los investigadores en el estudio que acaba de publicar la Fundación de Estudios de Economía Aplicada sobre el diseño de las políticas necesarias para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.

Los autores consideran que será imprescindible una actuación coordinada de las autoridades monetarias y fiscales, dada la importancia del shock. Muchas de las medidas necesarias comportarán un aumento importante del gasto público que podría en principio financiarse mediante mayores impuestos, la emisión de deuda y/o la inyección de dinero por parte de los bancos centrales. López Laborda y Onrubia argumentan que la primera vía resulta poco viable a corto plazo dada la rápida erosión que sufrirán las bases fiscales como resultado del parón de la actividad y podría tener efectos contraproducentes si dificulta la reactivación. En cuanto a la segunda, el margen de actuación dependerá de la situación fiscal de cada país o área económica pero la capacidad de los mercados para absorber el volumen necesario de deuda sin grandes tensiones podría no ser suficiente. En el caso europeo, este problema podría darse aunque se llegue a un acuerdo para lanzar una emisión conjunta de coronabonos que conllevaría la mutualización de al menos parte de los costes de la crisis.

En cuanto a las actuaciones de carácter fiscal, estiman que será necesario adaptarlas a la evolución de la crisis. En la primera etapa de contención de la epidemia y parón de la actividad en la que nos encontramos, los objetivos prioritarios de los programas de gasto público “han de ser garantizar la liquidez de las empresas y mantener niveles adecuados de renta en las familias. Más adelante habrá que pensar sobre posibles medidas de reactivación, pero por el momento las actuaciones necesarias deben concentrarse en los sectores y colectivos más afectados y destinarse a facilitar la supervivencia del tejido empresarial y a cubrir las necesidades básicas de las familias”. Algunas medidas en esta línea ya se han comenzado a poner en marcha, incluyendo prestaciones de mantenimiento de rentas y ayudas específicas para ciertas necesidades básicas en el caso de las familias y avales para préstamos a empresas.

En relación con estos últimos, los autores sugieren la posibilidad de introducir a posteriori un componente de subvención a través de una condonación parcial de la deuda dependiendo de las circunstancias de cada empresa. En cuanto a las prestaciones individuales, López Laborda y Onrubia defienden el mantenimiento de criterios de necesidad. En su opinión, las transferencias generalizadas de renta serían un despilfarro inútil en este momento porque irían en parte a quien no las necesita y no ayudarían a estimular la demanda en un momento en el que el consumo se está viendo muy restringido por el cierre de buena parte del comercio y otros servicios. En la misma línea, “carece de sentido cualquier medida de condonación general de tributos o cotizaciones sociales, aunque sí podría ser aconsejable la flexibilización de los plazos de ingreso y el ajuste del cálculo de los pagos a cuenta para que reflejen la capacidad de pago real de los afectados”.

El documento destaca, finalmente, que tan importante como el diseño de las políticas es la agilidad de su puesta en marcha y la calidad de su gestión. Ambas son imprescindibles para que las ayudas lleguen a donde deben llegar y lo hagan a tiempo. Para conseguirlo, es importante reducir al mínimo los trámites burocráticos previos sin descuidar el necesario control. “Esto requiere un cambio radical en la forma de trabajar de nuestras administraciones públicas que pasaría por la flexibilización de los controles administrativos y financieros ex ante y la generalización de los controles ex post acompañados de sanciones disuasorias para los que incumplan las condiciones establecidas para la concesión de cada ayuda”.