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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa.
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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa. (Foto: Pool Moncloa // J.M.Cuadrado)

La infrafinanciación a las Comunidades aumentó su deuda con el sector sanitario

  • El año pasado, el retraso en la transferencia de fondos y la retención por el Ministerio de 2.538 millones de las Comunidades aumentó la deuda en 1.000 millones
  • Casi todas las regiones, entre ellas Castilla-La Mancha, tienen presentados o anunciados recursos judiciales contra el Ministerio

miércoles 08 de abril de 2020, 21:04h
Las regiones españolas vienen reclamando desde hace años la revisión del modelo de financiación que les permita cubrir los servicios básicos, fundamentalmente el sanitario. Ya en 2018, la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de Andalucía, estimaba la necesidad de aumento de la financiación autonómica en 16.500 millones de euros, cifra que, actualizada dos años después, superaría los 23.000 millones. Lejos de haberse producido esa mejora, la retención el año pasado de fondos del Estado a las Comunidades Autónomas, especialmente el no libramiento de 2.538 millones de euros (136 a Castilla-La Mancha) que les tenía que haber transferido por la liquidación del IVA de 2017, provocó tensiones en las tesorerías de las regiones que vieron aumentar tanto su Periodo Medio de Pago (PMP) a sus proveedores como el importe de su deuda comercial. Los más afectados por los retrasos fueron los que facturan mayor volumen a las administraciones autonómicas, entre los que se encuentran los de productos sanitarios. El libramiento de esos fondos que correspondían a las Comunidades les hubiera permitido sanear sus arcas y reducir su deuda hasta los 3.600 millones, 1.430 millones menos que en 2018. La retención, en cambio, provocó el efecto contrario. También un rosario de anuncios de demandas judiciales de los gobiernos autonómicos contra el gobierno central, entre ellos el de Castilla-La Mancha.

Efectivamente, la poda de esos fondos que las Comunidades tenían que haber recibido, provocó que la deuda sanitaria aumentara en 1.000 millones de euros. Los sistemas de salud de las comunidades autónomas españolas son los que acumulan la mayor cuantía de la deuda comercial (facturas pendientes de pago) de los gobiernos regionales. Al cierre de 2019, la deuda que las regiones mantenían con el sector sanitario ascendía a 4.170,04 millones de euros, que representa el 67,75% del total de la deuda comercial autonómica que ascendía a 6.154,67 millones. A finales de enero de 2020, los gobiernos regionales todavía arrastraban 2.664 millones de facturas de años anteriores de proveedores sanitarios, a los que sumaban otros 1.025,8 millones de facturas del primer mes de 2020. Con esa deuda sobre la mesa, los gobiernos tuvieron que negociar el abastecimiento a los hospitales y centros médicos en febrero, cuando se empezaron a dar los casos de coronavirus en España.

A 31 de enero, las regiones habían logrado rebajar la deuda sanitaria a 3.690 millones

La fragilidad en las cuentas públicas y de la tesorería de las Comunidades Autónomas vino, entre otras cuestiones, por la retención de fondos que les hizo el gobierno central, amparándose en cuestiones técnicas por mantener el presupuesto prorrogado. En concreto hasta noviembre el gobierno no empezó a librar el incremento de la financiación anual que correspondía a las Comunidades. Además, y fundamentalmente, porque el gobierno central finalmente se quedó con 2.538 millones que tenía que haber transferido a las cuentas de los gobiernos autonómicos por la liquidación del IVA de 2017, generando un fuerte desequilibrio en las cuentas de las administraciones regionales. Las Comunidades aumentaron su Periodo Medio de Pago en 7 días de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019, en el que la media de pagos autonómicos fue de 37 días. La norma sobre morosidad de las administraciones públicas establece que los pagos deben realizarse en un máximo de 30 días. En el caso de los productos sanitarios, los pagos se realizaron en una media de 45,6 días, casi diez días más que en diciembre de 2018.

Las circunstancias señaladas en cuanto a la financiación se dejaron notar en un incremento anual de la deuda comercial autonómica entre 2018 y 2019 por casi 1.200 millones de euros, un 24% más que al cierre de 2018. Buena parte del incremento de esa deuda (1.017 millones de los 1.200) se trasladó a los proveedores sanitarios, que vieron aumentar la deuda comercial en términos anuales en un 32,26%.

Durante el mes de enero de 2020, los gobiernos trataron de agilizar los pagos de esas facturas, especialmente las que mantenían con las empresas del sector sanitario. En concreto, redujeron el montante atrasado a este sector en 1.505 millones de euros, aunque volvieron a sumar 1.025 millones de euros por nuevas facturas, algunas de ellas formalizadas en 2020, aunque el gasto se hubiera realizado el año anterior. Descontado lo pagado y sumadas las nuevas facturas, la deuda a 31 de enero con los proveedores sanitarios era de 3.690 millones de euros, a los que hay que añadir otros 1.220 millones con proveedores de bienes y servicios de otros sectores.

En el caso de Castilla-La Mancha, el impacto de que el gobierno central no le transfiriera 135 millones se dejó sentir en el Periodo Medio de Pagos de sus facturas, que aumentó en casi 13 días y se situó casi en 51 días. Para los proveedores sanitarios, el Periodo Medio de Pago (PMP) fue de casi 57 días, 15 más que un año antes.

De haber contado con esos fondos, el gobierno podría haber rebajado sustancialmente su deuda comercial en relación al año anterior y haberla dejado por debajo de los 150 millones de euros. A final del año pasado, la deuda comercial de la Comunidad Autónoma era de 282 millones de euros, de ellos 232 con el sector sanitario. Un año antes, el total era de 185 millones, de ellos 146 con proveedores de sanidad.

A finales de enero de 2020, la deuda comercial de Castilla-La Mancha era de 318 millones, de los que 255 era con proveedores sanitarios. De esos 255 millones, casi 198 millones tenían su origen en años anteriores y otros 57 eran de facturas fechadas en enero de 2020.

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