En abril, el porcentaje de contagiados comienza a doblarse. El día 10 avanza al 3%, seis puntos menos que a principio de mes. El 18, el ritmo ya baja del 2% y se mueve en cifras entre el 1,03 y el 1,53%. Las medidas de paralización del país tienen su reflejo en la evolución de la pandemia. Como también lo tendrá la vuelta al trabajo. Las jornadas del 23, 24 y 25 las cifras diarias de infectados duplican a las registradas en los días anteriores. Este efecto será visible de forma discontinua hasta finales de mes. Es cuando se habla de desescalada. Los datos del empleo han sido un desastre. En la segunda quincena de marzo se destruyen 34.699 empleos en la región. Marzo es el mes del año en el que en España tradicionalmente se generaba más empleo. FEDEA calcula que las ofertas no materializadas en estos días en Castilla-La Mancha ascienden a 63.000.
Se suceden los informes de previsiones para la economía española a final de año. A cada cual peor. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), uno de los organismos de investigación con mayor reputación de nuestro país apunta a que el Covid-19 ha dejado en casa a 483.000 trabajadores de Castilla-La Mancha, más de la mitad de la población ocupada (53,3%). Algunos de ellos, mantienen el trabajo desde sus domicilios (teletrabajo), pero el grueso está afectado por expedientes de regulación de empleo o directamente han engrosado las listas del paro. El desempleo golpea con fuerza a los sectores del comercio, la hostelería y la construcción.
Y mientras las cifras sanitarias mejoran, los indicadores económicos de coyuntura ya empiezan a dar una idea de la magnitud de la crisis económica que se viene encima. La Fundación de las antiguas Cajas de Ahorros (Funcas), anticipa que a finales del segundo trimestre habrá 4,61 millones de parados y 3,26 millones de trabajadores en regulación temporal de empleo. Ya se ve la severidad del escenario. El Fondo Monetario Internacional pone cifras: caída del 8% del PIB y tasa de paro del 21% a finales de año (1.600.000 parados más hasta cerca de los cinco millones).
El Banco de España es más pesimista: Caída del PIB de hasta el 13,6% y aumento del paro hasta el 21,7%. El déficit público podría llegar al 11% y la deuda del Estado al 120% del PIB. Sobre la economía española empieza a planear el rescate, que llevaría aparejado la intervención de nuestra economía y la presencia de los hombres de negro. En 2011 y 2012 el gobierno de Rajoy evitó esa situación, aunque se vio abocado a una serie de recortes porque recibió un préstamo para salvar al sector financiero.
El desastre que se avecina y el cansancio y malestar social por el confinamiento que se deja ver en las encuestas. El gobierno central plantea para mayo un plan de regreso a la actividad económica y de regreso a la actividad social dividido en fases. Tras él subyacen el malestar social y los malos augurios económicos, con una Unión Europea indicándole a España el camino de la vuelta a la normalidad, que en la mayoría de los países del continente ya se está iniciando. Y lo hace sin haber cumplido sus premisas básicas para esa transición.
El sector sanitario muestra su preocupación ante un posible rebrote. Los datos indican que la apertura de algunas actividades tras el cierre hasta el 9 produjo un repunte de los casos. Ahora, algunos confían en que la subida de las temperaturas sea un factor a favor y que se ralentice la propagación del virus.
En abril, los hospitales de la región han mejorado su situación. Durante 28 de los 30 días del mes se produce un descenso en el número de pacientes ingresados. Tres de cada cuatro camas ocupadas el 31 de marzo están libres a 30 de abril. Ya quedan hospitalizadas 771 personas, y las que necesitan respirador (169) son menos de la mitad que un mes antes. Las recuperaciones crecen exponencialmente. El número de curados pasa de los 393 a los 5.615. La relación entre curados y contagiados pasa de una cuota del 12,17% a 31 de marzo al 27,37% a finales de abril.
La cifra luctuosa de fallecimientos acumulados se multiplica por tres en todo el mes, pero el número de defunciones diarias se reduce a la mitad entre el inicio y el final de abril, lo que hace caer la tasa de evolución cada veinticuatro horas del 9,32% del 31 de marzo al 1,42% del 30 de abril.
El gobierno central plantea arcas de Noé, monitorización de profesionales sanitarios y estudios de seroprevalencia previos a la desescalada
Durante el mes de abril el gobierno central quiere conocer el estado de la propagación de la pandemia, y se propone confinar a los leves y asintomáticos en lo que se denominan “arcas de Noé”. Pide a las Comunidades Autónomas una lista de locales para convertirlos en centros de concentración. La polémica estalla al advertirse desde diferentes colectivos y medios que ese confinamiento vulneraría los derechos fundamentales de los ciudadanos, el gobierno se ve obligado a aclarar que la reclusión en esos centros será voluntaria.
Además de las arcas de Noé, el gobierno quiere monitorizar también al personal sanitario, que supone uno de cada cuatro contagiados por el virus y realizar estudios de seroprevalencia. Son las tres líneas de trabajo de cara a lo que sería un proceso de transición que anuncia a primeros de abril. Pero la ejecución de esas medidas se retrasa.
Durante el mes de abril se aborda la preparación del estudio de seroprevalencia, cuyo inicio se retrasa en varias ocasiones. La toma de muestras se inicia finalmente el 27 de abril. Con este estudio se pretende estimar el porcentaje de población española que ha desarrollado anticuerpos frente al Covid-19.
La situación económica, social y política lleva al gobierno a acelerar la desescalada, aún sin estar diseñada
Pero sin concluir el estudio, sin materializarse las arcas de Noé y sin que se haya monitorizado a los profesionales sanitarios, la presión de los datos económicos y de la situación social y también la institucional desde las Comunidades Autónomas y las políticas de las fuerzas parlamentarias de oposición, que se quejan de que no son consultadas, sino informadas de las decisiones una vez que se han tomado, llevan al gobierno a anunciar un plan de desescalada a partir de los primeros días de mayo. El plan cuenta con un preámbulo desde el 27 de abril: la salida de los menores de 14 años a la calle. La decisión del gobierno sin que se haya realizado el plan de transición previsto por el mismo a primeros de abril le hace advertir que si se produce un repunte de casos, se replantearía la situación.
En el caso de Castilla-La Mancha, el gobierno regional trata de recomponer sus finanzas y el presidente García-Page pide la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese órgano debe abordar cómo se sufraga el coste adicional que han estado soportando las Comunidades Autónomas tanto en gasto sanitarios como social. También cómo se va a abordar la reconstrucción de la economía y el papel de las Comunidades Autónomas y de los fondos europeos. Es un capítulo que queda abierto hasta junio. Mientras, el ejecutivo regional se adelanta y ultima un gran acuerdo con los agentes sociales que quiere cerrarse el primero mayo.
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