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LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA 2017 SIN RESPALDO JURÍDICO Y ECONÓMICO
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LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA 2017 SIN RESPALDO JURÍDICO Y ECONÓMICO

martes 20 de septiembre de 2016, 11:03h

La prórroga de los presupuestos del Estado de este año para 2017 amenaza con paralizar los presupuestos de Castilla-La Mancha para el año que viene, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Consejo Consultivo para su dictamen.

El Ministerio informó ayer al gobierno regional en la reunión que mantuvieron el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el titular de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina, que el debate jurídico abierto en torno al alcance de la prórroga presupuestaria no se ha sustanciado, por lo que no se puede garantizar que pueda establecerse una excepción en los fondos que se envían a las Comunidades Autónomas para su financiación, que, en ese caso recibirán las mismas cantidades que en 2016. Esto supone que los cálculos de ingresos y gastos elaborados por el Gobierno Autonómico no tienen un respaldo ni económico ni jurídico.

Tras la reunión del consejero con el secretario de Estado de Administraciones Públicas acepta la inseguridad que genera la prórroga de los Presupuestos nacionales en cuanto entregas a cuenta y a objetivo de déficit

De hecho, la Consejería reconoció implícitamente esta situación de la que ya le había advertido el Grupo Popular y emitió un nota en la que se destacaba que “el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, propondrá al Consejo de Gobierno regional, ante la inseguridad jurídica planteada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre la cuantía de las entregas a cuenta para 2017 y los objetivos de déficit para este año y el que viene, estudiar la posibilidad de presentar los presupuestos regionales en la fecha establecida por el Estatuto de Autonomía o esperar a tener la seguridad jurídica de que los fundamentos del presupuesto están acorde con la legislación vigente”.

El artículo 134.4 de la Constitución Española establece que los presupuestos prorrogados serán los “del ejercicio anterior”. Ese mismo artículo, en su apartado dos, señala que los Presupuestos Generales del Estado «incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal». Estas premisas se matizan algo en La Ley General Presupuestaria, que en su artículo 38.2 establece que “La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo”. Pero no existe una claridad explícita sobre los gastos que están incluidos y los excluidos, lo que genera el debate jurídico. Y el gobierno de España en funciones no tiene intención de que en pleno proceso de negociación para la conformación de un ejecutivo definitivo o la apertura de un proceso electoral se le pueda plantear un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha delimitado el alcance de la variación en la prórroga a aquellas partidas que se consideren de urgente necesidad. Ello permite introducir modificaciones sobre el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y sobre revalorización de las pensiones. Pero no está claro que se permita la modificación de las partidas que recogen los fondos para financiación autonómica.

Este giro contradice la tesis que había sostenido hasta la fecha según la cual el gobierno de la nación estaba sometiendo a chantaje a las Comunidades Autónomas

De otra parte, también existen dudas en los servicios jurídicos de la capacidad de un gobierno en funciones de establecer una variación en los objetivos del déficit. Estos objetivos eran para las Comunidades Autónomas en 2016 del 0,3 por ciento de su PIB y del 0,1 para 2017. El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó en abril elevar los márgenes hasta el 0,7 y el 0,5 respectivamente. Pero ese acuerdo debe ser aprobado en el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes Generales. La propia nota de la Consejería acepta que la no confirmación de los objetivos de déficit a Castilla-la Mancha se debe a esa inseguridad jurídica y cuestiona la tesis de que se trata de un chantaje del gobierno en funciones para presionar a las Comunidades del PSOE para tratar de facilitar la investidura de Rajoy, como ha sostenido firmemente varios portavoces del gobierno regional, incluido el propio consejero en el último pleno de las Cortes y en sus comparecencias en rueda de prensa. Según la normativa, un gobierno en funciones no puede aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, que deberán prorrogarse hasta la entrada en vigor de los que sean ratificados por las Cortes Generales. El pasado día 15 de septiembre, clm21.es ya había anticipado que el Gobierno regional había elaborado el presupuesto sin conocer los fondos que le iba a transferir el Ministerio y sin conocer las cuantías de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de liquidez que garantizan el correcto funcionamiento de la tesorería de la Junta.

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron a iniciativa del Gobierno una propuesta de PSOE y Podemos, por la que se fijaba el techo de gasto para el año 2017 en 5.924,4 millones de euros. Según la Consejería, el Ministerio considera “bastante prudente el cálculo de las cuantías y las estimaciones económicas de ese techo de gasto”.

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