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Normalizar el insulto y la intolerancia, mala receta política y el peor escenario para la reconstrucción económico y social
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Normalizar el insulto y la intolerancia, mala receta política y el peor escenario para la reconstrucción económico y social

jueves 09 de julio de 2020, 19:39h

En el escenario político, lo de Podemos huele a rancio, a nomenklatura de la época soviética, al camarada secretario general y al “todos firmes” y huele también a mucha condescendencia hacia las compañeras y a algo de machismo. Algunos candidatos han recurrido las primarias internas. Incluso el candidato que se concurrió a la secretaría general frente a Pablo Iglesias en la tercera asamblea del partido morado, el castellano-manchego Fernando Barredo, ha denunciado el proceso ante la fiscalía anticorrupción.

Por cierto, en cualquier sociedad la educación y la convivencia son esenciales y en democracia las normas y las formas son muy importantes. Por eso lo de naturalizar el insulto es algo que chirría. Y si lo dice el vicepresidente de un gobierno, aún más. Y si lo dice desde la sede presidencial, todavía más. Naturalizar el insulto es normalizar la intolerancia.

En el escenario político regional el PSOE y Ciudadanos han tratado de que se escenifique la soledad del PP en torno al proceso de reconstrucción. Una estrategia que puede dar frutos políticos, especialmente al partido del gobierno, siempre y cuando lo que está por venir en lo económico en la región no sea un tsunami.

A nivel nacional, las elecciones vascas y gallegas abrirán un nuevo capítulo en la vida política, que en las últimas semanas está marcada por el protagonismo negativo que para Podemos tiene el caso Dina y los errores que está cometiendo la formación morada en su manejo.

Lo de Galicia va a determinar los equilibrios de poder dentro del PP y, aún más, la posición de este partido más hacia el centro o más hacia la derecha y la estrategia de negociación sobre la reconstrucción de la economía.

Escenario económico

Los datos de coyuntura reflejan la reactivación de la economía regional tras el desconfinamiento. Cierto es que el tejido productivo sigue padeciendo las consecuencias del parón, con el consiguiente impacto en el mercado de trabajo, pero los datos reflejan que el dinero empieza a moverse, no en los niveles precrisis. En la zona negativa del panel aparece el sector turístico y en la positiva la recuperación del pulso laboral. Como riesgo de contexto, los rebrotes sanitarios detectados. La frase que resume la situación podría ser que, a la vista de lo que sucedió en abril, la economía cae menos de lo previsto.

Habrá que esperar a la última semana de este mes para conocer los dos grandes datos económicos del segundo trimestre del año: La evolución del crecimiento y la Encuesta de Población Activa. El primero se espera que rompa suelos y sea el peor desde la Guerra Civil.

Del comportamiento del empleo dan alguna pista tanto las afiliaciones a la Seguridad Social como el paro registrado en las oficinas de empleo y el movimiento de contratos laborales. Castilla-La Mancha ha presentado buenos registros en junio, mes en el que se han recuperado 25.000 de los 30.500 empleos perdidos durante marzo y abril. El problema es que el mercado de trabajo había empezado a debilitarse con anterioridad al Covid. Lo hizo ya en el último trimestre del año pasado y dejó un balance anual de destrucción de empleo, que se ha visto agravado por la pandemia.

La extensión de los ERTES es un alivio para muchas empresas. En Castilla-La Mancha, con un mercado de trabajo con un fuerte peso del sector servicios, hay más de 40.000 trabajadores afectados por estos expedientes y el riesgo es que si el consumo, que ha dado señales de recuperación, no termina de alcanzar el ritmo adecuado, empuje a parte de este colectivo al paro. Uno de los factores determinante va a ser la recuperación del turismo nacional, dado que el internacional va a ir por fases y va a tardar tiempo en alcanzar niveles anteriores.

La producción industrial de la Comunidad se ha reactivado, aunque todavía no recupera el ritmo previo a la crisis. El sector vivió en 2019 un buen ejercicio, especialmente por el impulso de la entrada de pedidos registrados en el primer tercio del año, que posteriormente se fue enfriando, repercutiendo tanto en el nivel de producción como en el de la cifra de negocios. Dentro del sector industrial, la normalización les cuesta más a dos subsectores clave: el de bienes de equipo y el de bienes intermedios. La industria regional tiene una fuerte dependencia del sector agroalimentario, que se ha reactivado con la crisis y que apunta a un repunte de precios y a un aumento de la cifra de negocios. Un escenario que no comparte el mercado del vino, producto del que somos el principal productor de España, y que viene lastrado por la caída de precios.

En el sector público el debate está en torno a la política fiscal, que es algo que afecta a los bolsillos de los ciudadanos, porque los costes fiscales de las empresas (cotizaciones sociales, producción, venta y beneficio) terminan por trasladarse al consumidor, además de provocar ajustes en otros costes de las empresas, como los de personal. En este terreno la discrepancia es clara. Por un lado, los empresarios que abogan para que no se aumente la presión fiscal para no aumentar costes. Por otro, el gobierno central, que es el que regula buena parte de la política fiscal y que mantiene que hay capacidad para esa subida y situarnos en los baremos de otros países de la Unión. Lo que es evidente es que el Estado, como las empresas, ingresa menos a causa de la pandemia y tiene más gastos. Y aquí hay dos variables: aumentar los ingresos y/o recortar gastos. De momento, el gobierno sólo se mueve en la primera. Y quiere hacerlo a corto plazo vía deuda y a medio y largo plazo vía subida de impuestos. En lo de la deuda es esencial la Unión Europea, algunos de cuyos miembros (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia) quieren meter en juego la segunda variable: la de los ajustes. Junio terminó sin acuerdo y, en principio, la semana que viene deberá cerrarse la puesta en marcha del fondo de reconstrucción por valor de 750.000 millones.

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