Aunque el Ministerio de Hacienda todavía no ha adelantado las cantidades de las entregas a cuenta que hará a las regiones españolas en año que viene, es un hecho que la caída de ingresos del Estado se dejará sentir en la financiación de las Comunidades Autónomas, que tienen parte de su financiación referenciada a los ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales. Algunos cálculos cifran ese descenso en no menos del 9% sobre las cuantías de 2020. De hecho, el gobierno de España tiene previsto compensar a las Comunidades en 2020 con 4.200 millones por la caída de sus ingresos, pero no ha especificado si esa medida se mantendrá en y de qué manera en 2021.
También el ritmo de la recuperación económica incidirá en la recaudación por ingresos propios, especialmente en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es el de mayor peso. Y en lo que todos los servicios de estudios coinciden y dan por descontado es que la recuperación no hará que la economía alcance los niveles de 2019, por lo que la recaudación estará por debajo de la de ese año.
Lo que está por determinar es el reflejo en los presupuestos autonómicos del Fondo Europeo de Reconstrucción, mediante la transferencias de partidas finalistas, que pueda venir a compensar esa caída de ingresos. Y aquí todo es una incógnita porque el gobierno central tampoco ha avanzado en la ejecución de esos fondos.
Esas son las tres grandes líneas que determinarán la variación de ingresos y que son una incógnita. La cuarta vendrá dada por el levantamiento de los límites al déficit público y hasta donde se puede financiar la Comunidad mediante endeudamiento, teniendo en cuenta la fuerte carga de la deuda pública que ya soporta la Comunidad.
En el capítulo del gasto no financiero (8.100 millones para 2020) hay varias partidas del año que viene ya comprometidas. Entre ellas, la de la nómina de personal de los empleados públicos, la del gasto farmacéutico, la del gasto de funcionamiento de la administración y centros públicos y los intereses que se abonan por la deuda pública, además de las anualidades de inversiones iniciadas en ejercicios anteriores, el pago de algunas partidas de servicios sociales, como la dependencia o la discapacidad y el funcionamiento de fundaciones y empresas públicas regionales o grandes números o las transferencias e inversiones finalistas con fondos procedentes del estado y de la Unión Europea. Todos estos compromisos limitan la capacidad de movimiento.
Sin una negociación y acuerdo sobre las retribuciones de los empleados públicos, a nivel nacional, todo apunta a que el gobierno gastará del orden de los 3.500 millones de euros al pago de la nómica de los empleados públicos. Hay que tener en cuenta que este año tenía presupuestados 3.405 millones, pero la pandemia ha provocado que se haya tenido que ampliar los fondos para la contratación de personal sanitario. El gasto farmacéutico (recetas, farmacia hospitalaria y material para centros sanitarios) supera los 1.000 millones de euros. Los intereses de la deuda pública están en los 200 millones. Otros gastos de funcionamiento mediante la compra de bienes y servicios (alquileres, suministros, materiales, servicios prestados por otras empresas) rondan los 1.000 millones de euros. Las transferencias corrientes para mantener las políticas sociales y la actividad productiva de la Comunidad y del sector público de la Comunidad (La financiación a la Universidad, a Castilla-La Mancha Media, a las empresas de Gestión de Infraestructuras y de Gestión Ambiental, a la Fundación Sociosanitarias y a otros entes públicos) se aproxima a los 2.000 millones de euros.
Así las cosas, con el grueso del gasto comprometido, las variaciones serán de pincel fino, aunque a estas alturas el gobierno regional no ha adelantado ni el marco presupuestario en el que se establecen sus previsiones de crecimiento económico y del empleo para el próximo año. Un marco presupuestario que ya ha demandado Ciudadanos, firmante del pacto para la reconstrucción, como ha recordado su diputado Muñoz Zapata.
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