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Una de las principales contratistas de la Junta comienza un expediente de regulación de empleo
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(Foto: Luis García vía Wikimedia Commons)

Una de las principales contratistas de la Junta comienza un expediente de regulación de empleo

lunes 12 de octubre de 2020, 22:18h
Indra Soluciones Tecnológicas (MINSAIT), filial de Indra, que en diciembre del año pasado firmó un contrato de más de 5 millones de euros con la Junta de Comunidades para el desarrollo de la administración electrónica de Castilla-La Mancha, inicia esta semana los contactos preceptivos con los sindicatos previos a un Expediente de Regulación de Empleo.
La tecnológica de desarrollo de sistemas con más de 2.600 consultores SAP (Sistema, Aplicaciones y Productos), la empresa ha desarrollado y desarrolla proyectos en 40 países. En el caso de Castilla-La Mancha, la Consejería de Hacienda adjudicó un contrato en febrero a esta empresa y a Atos It Solutions And Services Iberia para la implantación y mantenimiento evolutivo de los sistemas de administración electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha por un valor de 8,39 millones de euros, a financiar con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En ese proyecto, Indra Soluciones Tecnológica corría a cargo del desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de sistemas comunes de Administración Electrónica y del desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de sistemas transversales de Administración Electrónica.

La compañía tiene en su cartera de clientes del sector público a la Agencia Tributaria, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Junta de Andalucía, Adif o la Agencia Tributaria de Cataluña, entre otros.

Según lo que ha trascendido, el procedimiento de despido colectivo "afectará potencialmente a todos los centros de trabajo de la empresa" Indra Soluciones Tecnológicas, la principal filial de Indra, con unos 13.000 empleados.

El ajuste de plantilla deriva de las pérdidas económicas ocasionadas por la Covid y la caída de la demanda de los clientes por un cambio del modelo. Indra está participada por el Estado a través de la SEPI, que tiene el control del 18,65% de las acciones.
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