El plan económico y financiero del nuevo proyecto del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo no está cerrado y no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. A pesar de ello, Sanidad presentó en el Ayuntamiento el plan de ejecución del proyecto elaborado por la concesionaria a fin de obtener la correspondiente licencia. Este nuevo desliz puede volver a retrasar una obra que se ideó en el año 2000 y que en 17 años ha tenido tres proyectos diferentes gestionados por cuatro consejeros de Sanidad distintos.
La obra civil del hospital supera los 120 millones de euros y este plan es un requisito previo y preceptivo, según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El plan económico-financiero forma parte de la oferta del adjudicatario. En la rueda de prensa del pasado Consejo de Gobierno el titular de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, compareció para anunciar la presentación del plan de ejecución de la obra para la concesión de la licencia municipal definitiva. A preguntas de clm21.es, el consejero afirmó con rotundidad que “dentro del plan de ejecución hay un plan financiero, evidentemente, y está revisado y aprobado para los siguientes años hasta la finalización de su construcción”. Y, a renglón seguido, ratificó esa afirmación porque de lo contrario no se podría acometer la obra: “Sí, está aprobado y no hay duda, no podíamos haberlo acometido de otra manera”.
El consejero afirma que sí existe, pero en realidad todavía se está negociando con la adjudicataria y no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno
Sin embargo, ese plan no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y permanece sin cerrar. El gobierno y la unión temporal de empresas adjudicataria están negociando todavía algunos flecos, según han reconocido a clm21.es fuentes del propio ejecutivo, que aseguran que el informe “si está”, pero a continuación reconocen que no ha pasado por el Consejo de Gobierno y que se están negociando algunos flecos referidos a las “penalizaciones por paralizaciones de obras, las modificaciones de ampliación y las penalizaciones por los meses no trabajados”. En la unión temporal de empresas participan sociedades experimentadas en contratación pública como Acciona, Dragados y OHL.
El nuevo hospital tendrá una superficie hospitalaria de 15.000 metros cuadrados, contará con 800 camas, el cincuenta por ciento de las habitaciones serán individuales y dispondrá de una amplia zona de hospital de día, porque el Servicio Regional de Salud (SESCAM) viene manteniendo una política de primar la atención ambulatoria sobre la de hospitalización, lo que genera menos costes. Las obras durarán 21 meses, tras los cuales habrá que dotarle de equipamiento. Los plazos indican que, en el mejor de los casos, la obra civil estará terminada a primeros de 2019, en las vísperas del periodo electoral. Y, a continuación, tendría que realizar las instalaciones técnicas y de equipamiento.
Una obra que se gestó en el año 2000
La obsolescencia del actual hospital llevó en el año 2000 al gobierno regional a solicitar al Ministerio la construcción de un nuevo hospital para la capital autonómica. El gobierno central se comprometió a realizar el proyecto. En 2001, Castilla-La Mancha asume las competencias sanitarias y le da un empujón al plan y prepara el diseño del mayor hospital de Europa, dotado de 200 salas de consultas, más de 30 quirófanos y 800 camas. En 2006 se adjudican las obras que se inician en 2007 y que iban a durar tres años y medio e iban a costar 300 millones de euros, de los cuales el Gobierno logra que el Banco Europeo de inversiones financie 200. Los problemas que se encuentran en la excavación de unas grandes rocas de granito demoran las obras. Cuando termina la legislatura, fecha en la que debería haber estado terminado, sólo se ha levantado parte de las estructuras de los edificios.
El plan económico-financiero es un requisito preceptivo para iniciar las obras
En 2011, el nuevo gobierno aflora una deuda de más de 3.000 millones de euros en facturas y compromisos sin pagar de sus antecesores. La delicada situación financiera y el pago de esas facturas obligan a hacer un riguroso plan de ajuste para garantizar los servicios públicos y evitar “la quiebra” de la Comunidad Autónoma. Este plan de ajuste se ve agravado con la caída de ingresos ordinarios derivada de la drástica reducción de la actividad empresarial por la gran depresión en la que está sumido el país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de numerosas entidades financieras.
El nuevo ejecutivo paraliza el proyecto y lo ajusta a la realidad y a las posibilidades económicas del momento. En esa política posibilista, las salas de consultas se aminoran en un 25 por ciento y se quedan en 145, las camas en un cinco por ciento hasta las 760 y los quirófanos se reducen a 25 y se busca un modelo que implique al sector privado. El ayuntamiento, del que era alcalde el actual presidente de la Junta, nunca concedería la licencia al proyecto.
Con el entonces alcalde ahora en el ejercicio de la presidencia del Gobierno, se para el proyecto del gobierno anterior y en octubre de 2015 se negocia con la UTE adjudicataria el cambio de modelo de gestión.
Unos meses más tardes, en febrero de 2016, el gobierno presentó el nuevo proyecto, que debería estar terminado en dos años y medio. El 11 de abril el gobierno anunció que se habían retomado las obras y el presidente, acompañado por un séquito de más de cuarenta personas, recorrió el recinto.
Sin embargo, no fue hasta finales de septiembre cuando la concesionaria, urgida por Sanidad, desplazó las grúas a las obras. Pero las grúas no pudieron operar porque no contaban con el permiso de otro departamento del gobierno, el de Economía.
En los dos meses siguientes, el gobierno ultima el plan de ejecución de la obra, que el pasado miércoles presentó en el ayuntamiento para obtener la licencia definitiva de obra. Ese plan, según el consejero, contiene el plan de movilidad.
Y para poder ejecutarse, ese proyecto de obra debe tener el preceptivo plan económico-financiero que garantice la solvencia financiera y las condiciones de viabilidad del mismo, que debe formar parte del contrato y que tiene que estar aprobado por el Consejo de Gobierno. Y ese documento todavía no ha sido aprobado por el ejecutivo, a pesar de lo afirmado por el consejero de Sanidad en la rueda de prensa en la que compareció para informar de los acuerdos del último Consejo de Gobierno y de la presentación del plan de ejecución de la obra.
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Una obra gafada
Dicen que es una obra gafada. Han pasado 17 años desde que se concibió en el año 2000. Y, según las últimas previsiones del actual gobierno, puede entrar en funcionamiento a finales de 2019 o principios de 2020 si no se presenta el enésimo imponderable. Desde que se ideó el hospital de Toledo -el que iba a ser el mayor de Europa, el más moderno- han pasado por el Palacio de Fuensalida cuatro presidentes de gobierno y otros tantos consejeros de Sanidad, que han visto como la gran obra les superaba en el tiempo y se antojaba como un proyecto sin fin.
La idea del hospital surge de Fernando Lamata en el año 2000, cuando Castilla-La Mancha todavía no tenía las competencias sanitarias. A París viajaron técnicos y políticos para tomar como modelo de referencia el Georges Pompidou. Corría el año 2002. Y con esa idea venida de Francia se proyectó el gran hospital. Los prolegómenos administrativos: la localización de la parcela, su calificación urbanística, el proyecto, la licitación, la adjudicación se extiende hasta 2006. Ya está la primera fecha del fin de la obra, a mediados de 2010.
Pero al Gobierno se le olvida designar la dirección facultativa y el ayuntamiento deniega la licencia. Primer gran tropezón. Las obras comienzan en la primavera de 2007. Los trabajos se ralentizan porque en las excavaciones la unión de empresas que lleva a cabo la obra topa con una gran extensión de granito. A lo largo de los años siguientes hay de todo: huelgas por impago a los subcontratistas, por impago a los trabajadores, reclamaciones contra la dirección facultativa, falta de fondos para continuar, rediseño del modelo, revisiones de los procedimientos administrativos por posibles irregularidades, denuncias por los lujos de determinados elementos de la construcción, nuevo proyecto, nuevo plan de movilidad, nuevo plan económico y financiero, nuevas licencias, huelgas sindicales, nuevos adjudicatarios, nueva dirección de obra, tribunales…, tercer proyecto, nueva acta de replanteo, nuevo plan de ejecución. Es el 30 de noviembre de 2016 y el consejero actual, Jesús Fernández Sanz, comparece exultante ante los medios de comunicación para informar de toda una batería de medidas en materia de política sanitaria y de que esa misma mañana se presenta en el ayuntamiento el proyecto de ejecución de la tercera propuesta de hospital. Trece cajas de documentación que tienen que revisar los técnicos municipales para proceder a la concesión de la licencia definitiva. Sin embargo, y he aquí el nuevo problema, no tiene aprobado el plan económico-financiero.
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