Más de 7.000 personas en Castilla-La Mancha se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital

En total, ha habido 30.191 solicitudes de esta prestación en la región, de las que un 23% han sido aprobadas, un 25% denegadas y más del 52% han sido denegadas por inadmisión.

De estos datos se desprende que en realidad son muy pocas las personas en vulnerabilidad las que perciben tal prestación, hecho que se aleja del ideario común de que hay muchas personas que viven de ayudas.

Según los datos de Castilla La Mancha que aparecen en el último informe AROPE , un 11,2% de las personas que viven en la región (unas 226.000 personas) sufre pobreza severa lo que quiere decir que estos hogares viven con un ingreso máximo de 500 euros al mes por unidad de consumo. Esta cifra es dos puntos porcentuales más alta de la media nacional y lejos de mejorar esta cifra, CLM ha suprimido el acceso a nuevos perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad, ayuda económica que serviría de apoyo hacia la salida de la pobreza y exclusión.

Uno de los requisitos para acceder al IMV es estar dentro de unos niveles de renta en el año anterior a la solicitud, en este caso, se tiene en cuenta la renta del 2019. Esta es una de las razones que llevan a la denegación de la prestación, y que a pesar de la situación que han vivido las personas en vulnerabilidad de la región durante el 2020, al tener en cuenta la renta del año anterior, muchas de las solicitudes han sido denegadas, en un año marcado por índices de desempleo demasiado altos: 18,34% en el último trimestre 2020.

Asimismo, EAPN-CLM ha recogido las opiniones sobre la tramitación de esta prestación por parte de profesionales de entidades del Tercer Sector, de Servicios Sociales y personas solicitantes.

Por un lado, en cuanto a las principales problemáticas encontradas en la tramitación de esta ayuda los profesionales han señalado que los procedimientos están muy “burocratizados” además de la tardanza que existe a la hora de resolver las solicitudes. También ponen de manifiesto la inexistencia de canales de comunicación “directos entre las entidades del tercer sector y servicios sociales con INSS”.

Por su parte, los solicitantes de esta prestación señalan a la brecha digital y la falta de medios (pc, smartphone, internet) así como de competencias digitales para poder realizar la solicitud como una importante barrera de acceso. Indican también que no cuentan con información sobre el seguimiento de la solicitud en los casos que se presenta con certificado digital además de que no se informa sobre qué ocurre si pasan seis meses de la solicitud del IMV y no se cuenta con una respuesta.

Por otro lado, algunas de las propuestas de mejora que plantean los profesionales es el refuerzo del sistema de servicios sociales para que estos sean ágiles y puedan trabajar la inclusión real de las familias; complementar el IMV con más ayudas al alquiler, ayudas a la conciliación, becas comedor, entre otras, además de pasar automáticamente a los perceptores del IMS al IMV.

Las personas en situación de vulnerabilidad social reclaman que no se cambie constantemente los estados de la solicitud y que las personas que lo tramiten con certificado digital puedan hacer un seguimiento de la misma. Además, piden que el IMV pueda compatibilizarse con trabajos temporales inferiores a un mes sin que la cuantía disminuya como ocurre con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).

A modo de conclusión, desde EAPN consideran que el Ingreso Mínimo Vital ha abierto la puerta a una protección social con una renta mínima unificada para todo el Estado que garantiza unos recursos básicos para todos. Esta prestación con carácter de derecho subjetivo y no contributivo genera oportunidades de paliar las situaciones de extrema pobreza que sufren las personas, pero es necesario analizar y evaluar el impacto del IMV, para prevenir situaciones que se escapan de los requisitos iniciales.

Las situaciones de vulnerabilidad suelen ser multiproblemáticas, multifactoriales y difíciles de corregir. Para ello, es necesario potenciar las posibilidades de diagnóstico que nos ofrece el criterio técnico de los cuadros profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales y del Tercer Sector de Acción Social. El objetivo es una buena administración de estas prestaciones y una dotación suficiente para ofrecer oportunidades a la ciudadanía perceptora para que, desde el apoyo inicial del IMV, construya nuevos proyectos de vida sostenibles y con garantía de plena integración.