El año pasado el gobierno regional ya acudió a operaciones en el mercado, lo que le permitió rebajar el coste de los intereses. En 2021 está previsto que el Ejecutivo gaste en intereses y gastos de formalización de operaciones 163,3 millones de euros.
A finales de enero, la Comunidad ya había abonado 23,3 millones por intereses y había reconocido obligaciones de pago de 620 millones de euros por el principal. En cuanto a ingresos procedentes de operaciones de crédito, la Comunidad tiene previsto 2.585,7 millones de euros.
El gobierno regional mantiene la intención de seguir acudiendo a las entidades financieras residentes en España para refinanciar su deuda en la medida que no haya impedimento por parte del gobierno de España. Durante los últimos años, la Hacienda Autonómica había preferido financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómica, al que estaba adscrito por el incumplimiento de los objetivos de déficit, lo que le facilitaba el acceso al crédito mientras el gobierno central se garantizaba el cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma del pago de los compromisos de deuda comercial (proveedores) y de deuda financiera.
Durante los últimos años, Castilla-La Mancha había tenido que financiar su endeudamiento a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por el elevado peso de la deuda en relación con su PIB y por los incumplimientos de los objetivos de déficit. Este sistema ha hecho que tres cuartas partes de la deuda que tiene la Comunidad sea con el Estado tras haber recibido dinero de este a través del ICO. Ese dinero se utiliza para la refinanciación de deuda, cobertura del déficit y pago a proveedores.
Sin embargo, ya en 2019 acudió a operaciones con entidades financieras residentes en nuestro país, tras haber cumplido en 2018 con el objetivo de déficit y, aún habiéndose mantenido en el esquema financiero del FLA. Su deuda con las entidades financieras pasó de los 2.253 millones (año 2018) a los 2.596 (año 2019). La variación en la actuación tuvo su origen en la caída de los tipos de interés de los créditos a largo plazo que conceden los bancos como causa del abaratamiento del precio oficial del dinero. De hecho, en 2019, el peso de los créditos de los bancos en la deuda de la Comunidad pasó a ser del 12,7%, frente al 10,1% de 2018.
No obstante, el Ejecutivo se mantuvo adscrito al Fondo de Liquidez Autonómica, una línea de crédito que se articula a través del Instituto de Crédito Oficial y mediante la cual el gobierno asigna trimestralmente unas cuantías disponibles a las regiones adscritas a este mecanismo, que, a cambio obliga al cumplimiento de determinadas obligaciones, entre ellas la de elaborar un plan de ajuste económico y financiero.
A pesar de ese cambio de criterio dando mayor peso a las entidades financieras, en 2019 Castilla-La Mancha fue la cuarta región española con mayor volumen de refinanciación de su deuda a través de los fondos extraordinarios de financiación autonómica. En concreto, el gobierno regional acudió a este mecanismo para renovar 1.652 millones de euros de vencimientos. No obstante, la deuda final con el Estado se redujo ligeramente, desde los 11.220,5 millones a los 11.113,5
En 2021 las necesidades extraordinarias de financiación provocarán una subida del endeudamiento neto respecto a 2020 en otros 547 millones de euros, como consecuencia del presupuesto expansivo para reforzar los servicios públicos en la lucha contra la Covid. En ese escenario, la deuda pública regional sobrepasará los 16.000 millones de euros a final de 2021 y se moverá en torno al 40% del PIB, porcentaje que llegará a rebasar en alguno de los trimestres del año, en el que la deuda regional por habitante superará los 7.800 euros. A finales de junio de este año la deuda ya estaba en el 38,7% del PIB y en 7.586 euros por habitante. Sólo la Comunidad Valenciana tenía mayor carga financiera en función de su PIB (46%) y otras tres requerían mayor esfuerzo por habitante (Cataluña, Valencia y Baleares).
Además de a Castilla-La Mancha, el Consejo de Ministros, autorizó a formalizar operaciones de deuda a Andalucía, Galicia y Baleares para contratos a largo plazo; a Aragón, a corto plazo y a Extremadura autorizó dos acuerdos para permitir operaciones a corto y largo plazo.
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