El saneamiento de las finanzas castellanomanchegas, acorde con lo que ha pasado en la mayoría de las Comunidades, especialmente en Andalucía y Castilla y León, ha provocado un duro enfrentamiento político. El PP de nuestra Comunidad entiende que el superávit se debe a una mala gestión del gobierno regional, porque ese dinero se debería haber sumado al destinado a frenar el impacto de la Covid en la economía regional. Desde el PSOE se replica, que la Comunidad ha logrado sanear las finanzas, al tiempo que se ha aumentado la inversión y se ha desplegado un amplio programa de respuesta pública a la Covid, sin poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La deuda por la financiación de 2008 y 2009
Y es que la Hacienda autonómica todavía no ha terminado de recuperarse del enorme destrozo que le provocó la crisis anterior la del ladrillo, cuando la covid dibujó un escenario de las finanzas públicas similar al de 2008 y 2009, que se tradujo en recortes del gasto en los servicios públicos, una elevada deuda con los proveedores y otra con el Estado.
Cuando la crisis del ladrillo sacudió la economía, la tardanza de los gobiernos en echar el freno al gasto y adaptarlo a los ingresos provocó un gran boquete en las finanzas públicas que actuó como un agujero negro para el sector privado. Las Comunidades vieron perder buenas partes de sus ingresos y trasladaron la debilidad de sus finanzas a sus proveedores, provocando una pelota milmillonaria en facturas sin pagar y una cadena de cierres empresariales y despidos. Tal fue el destrozo que hubo que aprobar una ley que impedía a las regiones pagar a más de 30 días a sus proveedores para no incurrir en morosidad, que lleva aparejada el riesgo de intervención de sus cuentas.
En Castilla-La Mancha, cuando el PP llegó al gobierno cifró esa deuda comercial en más de 4.000 millones de euros. A esa cuantía había que añadir la deuda que se generó con el Estado por un exceso de las entregas a cuenta en la financiación de los años 2008 y 2009 que, a día de hoy, aún se sigue pagando tras haberse fraccionado en plazos.
La deuda con los proveedores se cubrió con créditos que elevaron la deuda pública hasta poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma. Con el estallido del covid y con la mayor caída de la economía jamás vivida en tiempos de paz, el riesgo de que se repitiera la situación se dejó sentir en la Hacienda Autonómica. El escenario que se avecinaba estaba cortado por el mismo patrón que el de la crisis anterior: exceso de financiación de la Comunidad en 2020, que deberá devolver en 2022 y riesgo de impago a proveedores.
El elemento diferenciador ha sido el de la creación de un fondo estatal Covid, dotado con 16.000 millones de euros, que a Castilla-La Mancha le han supuesto 743 millones de euros para hacer frente a los gastos provocados por la pandemia y las medidas restrictivas en la sanidad, la educación, el transporte y en los ingresos propios de la Comunidad. Esa inyección de dinero ha permitido también que la Comunidad liberara recursos para destinarlos como complemento a las medidas nacionales de apoyo al tejido productivo.
Las regiones cumplen con nota
La financiación calculada antes de que estallara la pandemia, el fondo extraordinario Covid y la disciplina de las regiones han evitado el colapso de las finanzas autonómicas y ha ocasionado que se haya reducido el déficit y la deuda con proveedores. Castilla-La Mancha es la tercera región con menor peso de sus facturas sin pagar. Equivalen al 0,32% de su PIB. Sólo Madrid (0,10%) y Canarias (0,25%) tienen menos volumen de deuda comercial. Madrid la ha rebajado de los 628 millones de euros en 2019 a los 210 en 2020.
El superávit ha sido la nota común en nueve regiones españolas, entre ellas Andalucía y Castilla y León gobernadas por el PP. Madrid tuvo un déficit equivalente al 0,05% de su PIB, cuando un año antes era del 0,24%, y Galicia cerró 2020 con un déficit del 0,08%, frente al 0,46% del de 2019. En su conjunto el sector autonómico redujo su déficit, que pasó de los 7.105 millones de 2019 a los 2.306 de 2020. Todas las regiones, salvo Canarias, y las forales de Navarra y el País Vasco mejoraron los datos de 2019 y en el caso de Canarias, aún empeorándolos terminó en superávit.
La reducción del déficit autonómico ha estado acompañada también por una disminución de las facturas pendientes de pago. Al finalizar 2020, las Comunidades tenían una deuda comercial de 4.380 millones de euros, casi 2.000 millones menos (-29,5%) que un año antes. Para hacerse una idea con la anterior crisis baste señalar que en 2014 cuando se empezó a salir, las regiones españolas terminaron el ejercicio con 9.473 millones en facturas pendientes de pago, más del doble que en 2020.
Las Comunidades Autónomas evitan un colapso como el de la anterior crisis con más disciplina fiscal y agilidad de tesorería
El déficit de cada ejercicio se cubre con endeudamiento y mientras han estado vigentes las reglas fiscales actual y temporalmente suspendida por la Unión Europea, un exceso del déficit iba acompañado de recortes obligados y de los hombres de negro, ya fueran de Madrid o de Bruselas, según la administración de la que se tratase. El exceso del déficit obliga a planes de ajuste en el gasto de las administraciones incumplidoras. Hasta la fecha, Castilla-La Mancha sólo había cumplido con los objetivos de déficit público aprobados por el Congreso de los Diputados en el ejercicio de 2018.
El dato de Castilla-La Mancha en 2020 tiene su interés, porque la deuda pública roza el 40% del PIB y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas de la Comunidad. Además, se estima que en 2022 la región tendrá una liquidación negativa de la financiación aportada por el Estado en 2020 calculada antes de que la Covid arrasara los ingresos públicos que sirven para determinar qué parte corresponde a cada Administración. El superávit de 2020 ayuda a evitar que se pueda repetir la situación financiera de los años 2009, 2010 y 2011 que generó un gran volumen de facturas impagadas por la Junta, lo que generó un efecto dominó con cierre de empresas y pérdidas de empleo como consecuencia de esos impagos. Cuando se actuó ya era tarde. Los créditos pedidos por el Gobierno regional para hacer frente a esas facturas sólo paliaron una parte del daño. Por el contrario, generaron una deuda por la que cada año el gobierno regional paga cantidades cercanas a los 200 millones de euros, un dinero que supera con creces el superávit de 2020
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