A día de hoy, la seguridad privada despliega en Castilla-La Mancha más efectivos que la Policía Nacional. Las 56 empresas que operan en nuestra Comunidad tienen 1.736 vigilantes en activo, que suponen el 2,22 por ciento de los 78.200 que hay en España. A falta de conocerse los datos del año pasado, en 2015 estas empresas facturaron en nuestra Comunidad 95 millones de euros, el 2,71 por ciento de la cifra de negocio nacional, que ascendió a 3.481 millones. Los últimos datos de la Policía Nacional cifraban su plantilla en nuestra Comunidad ligeramente por encima de los 1.600 agentes, que dan cobertura a un tercio de la población. El resto depende de las demarcaciones de la Guardia Civil.
Mientras los sindicatos profesionales de la Policía reclaman un incremento de sus plantillas de 10.000 efectivos en toda España, los sindicatos CCOO, UGT y USO en Castilla-La Mancha de seguridad privada anuncian movilizaciones por la política del Gobierno regional, uno de los principales clientes de las empresas de seguridad en nuestra Comunidad. Dicen los sindicatos que el Gobierno Regional viene a fomentar las contrataciones con empresas que pagan por debajo del convenio.
Los sindicatos denuncian que la Junta fomenta con sus licitaciones los contratos por debajo del convenio estatal
Estas protestas de los sindicatos inciden en una de las quejas expresadas por la patronal del sector. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad plantea que uno de los principales problemas con los que se encuentran es el bajo precio de licitación de los servicios por parte de las Administraciones Públicas. De ahí y ante los escasos márgenes, que la reducción de costes la trasladen al capítulo de personal. Las Administraciones Públicas y, en este caso, el gobierno regional priorizan las leyes del mercado, aunque ello repercuta en la calidad del empleo.
Los sindicatos USO, UGT y CCOO han convocado a los vigilantes que se ocupan de garantizar la seguridad de los edificios y dependencias de la Junta de Comunidades a concentrarse los próximos días 8, 9 y 16 ante el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno; y el día 24 ante las puertas de las Cortes regionales, en defensa de sus puestos de trabajo y de su convenio colectivo sectorial.
Así lo acordaron por unanimidad los propios vigilantes de seguridad en la asamblea que celebraron en la tarde del miércoles en Toledo, ante el inminente cambio de contratas en los servicios de seguridad de la JCCM en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
“La nueva adjudicación del servicio en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara va a hacerse en base a un pliego de condiciones que no garantiza nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios y nuestras condiciones laborales; reguladas en el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad. Éste es el convenio que se nos debe aplicar y no otro. Si el pliego no garantiza esto, debe retirarse y elaborarse uno nuevo que sí lo haga”, según ha denunciado Comisiones Obreras.
El convenio estatal, vigente hasta finales de diciembre, contempla que un vigilante de seguridad básico debe cobrar 1.122,68 euros. En caso de guarda de campo las retribuciones son de 1.264,19 euros.
La preocupación y la movilización de los vigilantes de seguridad de Castilla-La Mancha se debe a que todo apunta, y así dicen que se les ha confirmado oficiosamente, que la oferta ganadora del concurso va a ser la planteada por la UTE formada por las empresas CYRASA y Sinergia. Esta última tiene un convenio propio con salarios y derechos muy por debajo del convenio estatal del sector. En concreto, según los sindicatos estas compañías pagan entre 690 y 790 euros mensuales.
En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sueldo básico de un policía nacional es de 1.500 euros y de un guardia civil recién salido de la academia es de 1.400 euros. Los mossos d’esquadra de Cataluña cobran 1.950 euros mensuales. Un policía local de una capital de provincia viene a cobrar 1.800 euros, dependiendo del municipio.
La externalización de los servicios de vigilancia de los edificios públicos autonómicos se inició en Castilla-La Mancha al inicio de la década de los noventa y supuso que la Guardia Civil y la Policía Nacional fuera sustituida, en unos casos, por vigilantes de seguridad. En otros, las empresas de seguridad han venido a reforzar a los agentes de policía.
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