El gobierno central pierde la guerra del IVA y deberá pagar a CLM 136 millones de euros retenidos en 2019

No sólo García-Page, todos los presidentes autonómicos veían que la guerra financiera desatada por el gobierno central les impedía corregir la desviación presupuestaria de 2019 por la retención de esos fondos y les obligaba a llevar a cabo en 2020 un ajuste muy duro en los servicios públicos, que fundamentalmente son los pilares del Estado del Bienestar, para tapar el boquete hecho el año anterior, entre otras causas, por ese comportamiento del gobierno central. Un ajuste que se topó con el estallido de la covid, lo que obligó al gobierno central a aprobar un fondo especial para las Comunidades Autónomas.

La apropiación del IVA no fue el único recurso que empleó el gobierno central en 2019 para mejorar sus cuentas ese año a costa de las Comunidades. El gobierno retuvo durante meses otros 4.700 millones de euros de la actualización de la financiación autonómica. Esos 7.200 millones provocaron una fuerte distorsión en las cuentas de las Comunidades Autónomas y en las prestaciones de los servicios públicos.

La mayoría de las regiones tuvieron que adelantar el cierre de compromisos y obligaciones al verano. El 21 de agosto y todavía con el gobierno central en funciones, Pere Aragonés anunciaba el cierre anticipado de caja en Cataluña y la realización de ajustes del gasto y que su gobierno llevaría al de Pedro Sánchez a los tribunales por la retención de los fondos. En la misma medida se pronunciaron otros líderes autonómicos como el gallego Núñez Feijoo.

En el caso de Castilla-La Mancha, el Ministerio requirió en agosto al gobierno regional a que adoptase medidas de control y estrechó el seguimiento a la contabilidad autonómica. Así el Ministerio introdujo el seguimiento sobre la partida para sustituciones de personal que según la comunidad derivaba de la recuperación de la jornada de 35 horas en aquellos servicios en los que hay que cubrir 24 horas y que están incluidos en el área social, y a parte de los servicios sanitarios cubiertos por el Servicio de Salud de Castilla– La Mancha.

Con la presión de la derivada jurídica, el gobierno se sacó un supuesto informe de la Abogacía del Estado en el que se venía a concluir que sin presupuesto ordinario y con presupuesto prorrogado no se podía llevar a cabo la actualización de la financiación anual. Otras Comunidades, incluidas las socialistas empezaron a elevar su disconformidad.

En Paralelo las regiones españolas habían pasado de un superávit de 1.092 millones un año antes a un déficit de 2.576 millones. El agujero en las cuentas autonómicas era de 3.668 millones de euros y su déficit acumulado ascendía al 0,21% del PIB, el doble del permitido. En el caso de Castilla-La Mancha, el déficit había pasado de 87 millones en agosto de 2018 a 433 en agosto de 2019. El Ministerio debía a nuestra región 226 millones por la actualización de la financiación de 2019 y otros entre 120 y 130 millones por la liquidación del IVA.

La presión autonómica, los datos de las cuentas y la convocatoria electoral para noviembre llevaron al gobierno a liberar los fondos de las actualizaciones de 2019, pero no los 2.500 millones de IVA pendiente que las Comunidades reclamaron en los tribunales y que ahora deberá devolver el Ministerio.

DEUDA RECLAMADA POR LAS COMUNIDADES AL GOBIERNO CENTRAL POR LA LIQUIDACIÓN DEL IVA DE 2017

Elaboración propia a partir de las cifras declaradas públicamente por los gobiernos autonómicos