Tres años después, aquella mesa bilateral es un hecho. En lo político la reivindicación del referéndum pactado y la contrapropuesta de avanzar hacia un estado federal, donde Cataluña cuente con más competencias. En lo económico, el reparto del dinero y la deuda se convierten en el eje del diálogo. El gobierno plantea sin prisas esa mesa y ya se ha dejado caer que se reunirá en septiembre, coincidiendo con la negociación presupuestaria para el año que viene.
El foro es similar al creado hace tres años, unos días antes de aquel encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que motivó la reunión de Ferraz. Tres años atrás ya se puso sobre la mesa más autonomía política con un nuevo estatuto y la posible reforma de la Constitución, la posibilidad de establecer un sistema de cupo, como los forales de Navarra y País Vasco o un sistema especial de financiación de Cataluña, sobre la base de más dinero y condonación de la deuda.
Desde Castilla-la Mancha, el consejero de Hacienda señalaba por aquel entonces que es “un motivo de satisfacción que no vaya a haber una negociación bilateral con ninguna comunidad autónoma en materia de financiación autonómica porque es con luz y taquígrafos cómo se deben adoptar las decisiones que afecten a los recursos con los que deben contar todas las regiones”. Castilla-La Mancha defendía y defiende que el modelo de financiación tiene que hacerse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Un año antes, en julio de 2017, la Comisión de Expertos elegidos por el gobierno central y por cada Comunidad, habían terminado su informe de cómo debería ser la financiación de las Comunidades Autónomas que sustituyera a la vigente que estaba prorrogada desde 2014. Cuatro años después, el modelo sigue prorrogado; ninguno de los sucesivos gobiernos planteó el nuevo marco de las finanzas autonómicas.
Lo cierto es que ya el 1 de agosto de 2018, la comisión bilateral entre los gobiernos español y de la Comunidad catalana mantuvo una primera reunión en la que se acordó una transferencia de 680 millones de euros para la policía autonómica, los Mossos d’Escuadra. Los acuerdos terminaron ampliándose con un incremento de la inversión del Estado en Cataluña para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto catalán. En concreto en la reunión de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat celebrada el 25 de septiembre de 2018, el hoy presidente de la Generalitat y entonces vicepresidente económico, Pere Aragonés, salió con el acuerdo que satisfacía buena parte de las reclamaciones planteadas desde Cataluña.
La cuantía que manejaba el gobierno catalán y por la que se cerró el acuerdo era 4.200 millones de euros más para Cataluña. Era la misma cifra que el 23 de marzo de 2017 Mariano Rajoy se había comprometido a invertir en Cataluña hasta 2020.
El compromiso arrancado era que ERC apoyaría los presupuestos de 2019, donde ya se plasmarían parte de las transferencias de fondos acordadas. Cuando llegó el momento, ERC se opuso a los presupuestos, incumplió su compromiso y el presidente Sánchez tuvo que acudir a elecciones anticipadas.
Una de las patas del banco es la de reestructuración de la deuda pública. La situación financiera de la Generalitat la llevó a no poder captar fondos en el mercado, sus emisiones se movían en niveles de los bonos basura. El Estado cubrió esa necesidad de financiación a través de los fondos extraordinarios de financiación. De los 307.316 millones que debían las Comunidades Autónomas a finales del primer trimestre de este año, 80.399 (26,16%) los adeudaba la Generalitat. La mayor parte de esa cuantía se la prestó el Estado. Cataluña debe de cada cuatro euros de los créditos vivos de los gobiernos autonómicos con el Ministerio de Hacienda.
Ya en 2018, algunas Comunidades, especialmente las más endeudabas plantearon al Estado una quita de la deuda o su conversión en deuda perpetua.
La otra pata es el modelo de financiación. Cataluña se viene esforzando desde hace años en que su aportación a las finanzas públicas estatales supera lo que recibe. Es un cálculo que el gobierno de la Generalitat viene realizando desde 2004, y que abarca periodos anteriores a esa fecha. Incluso en julio de 2012, la Generalitat aprobó una ley de Publicación de las Balanzas Fiscales. Fue un tema que despertó polémica y que motivó estudios desde otros territorios donde se negaba el déficit de las balanzas fiscales de Cataluña.
Sea como fuere, en varias ocasiones, Cataluña ha planteado beneficiarse de un sistema fiscal, como los de Navarra y El País Vasco. Es el denominado cupo, término que se usa para hablar de la cuantía que los territorios forales negocian con el Estado como pago por competencias no transferidas y en concepto de solidaridad entre autonomías. Un sistema que lleva a tener a esos territorios sus haciendas forales. En el caso de El País Vasco, son la Diputaciones Forales las encargadas de recaudar todos los impuestos (IVA, IRPF, Sociedades…). El cupo se establece cada cinco años, se negocia en función de la aportación al PIB y a partir de ahí se establece el porcentaje de los gastos de la administración central que serán cubiertos por Euskadi.
El establecimiento de ese cupo reclamado por Cataluña ha despertado a otras Comunidades, como la valenciana que avisan que si se implanta ese sistema, debe establecerse el café para todos, algo que perjudica a las regiones menos ricas, como Castilla-La Mancha.
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