El gobierno sabe de esa esencia y trata de desviar con lo existencial y lo anecdótico la atención sobre lo esencial. En esa línea se enmarca la comparecencia de la nueva ministra de Justicia y las declaraciones poco afortunadas de algunos otros miembros del gabinete.
El gobierno tenía herramientas democráticas y jurídicas para hacer frente a la pandemia. Y así se lo hace ver el TC, pero optó por un instrumento inadecuado llegando a vulnerar derechos humanos. De esta situación ya advirtieron en marzo del año pasado prestigiosos juristas del país, cuyas opiniones fueron obviadas desde el Ejecutivo.
El planteamiento que hace el gobierno de que el fin justifica los medios es un axioma que choca frontalmente contra la esencia democrática. El gobierno tenía otros medios, el estado de excepción, para buscar el mismo fin. Pero políticamente le era más incómodo, porque la declaración del estado de excepción se hace mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados, a diferencia del estado de alarma, que se declara por el Gobierno que sólo tiene que dar cuenta de ello al Parlamento.
En democracia, las formas son muy importantes, porque diferencian talantes y comportamientos respecto a regímenes autoritarios, donde predomina el principio de autoridad sobre los de legalidad, ética o moral. Y cuando esas formas afectan a conceptos esenciales de la vida democrática, el cuidado de las formas debe ser aún mayor y no puede ser rebasado por la conveniencia o la utilidad. Y no sólo por el caso que nos ocupa. Aprobar ese sometimiento de la democracia a la conveniencia de un gobierno sienta un mal precedente y abre la puerta a que otras fuerzas -independentistas, de extrema derecha, de ultraizquierda, antisistema…- usen esa senda en otros momentos para otros intereses. No es una cuestión meramente doctrinal, como ha dicho alguna ministra. Es mucho más que eso, es la democracia.
Uno de los derechos afectados por la decisión del gobierno es el de la libertad de circulación o movimiento, que está consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está recogido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna.
¿Con qué autoridad puede este gobierno exigir a sus socios independentistas que actúen dentro de la Constitución? Cuántas veces hemos oído a los miembros del gobierno decir que la Constitución es el límite. Efectivamente lo es. Y como ha mantenido el propio gobierno, la propia Constitución no se aprueba como un dogma inamovible, sino que abre la puerta a su propia revisión. En este caso no hacía falta, porque la herramienta estaba en la ley, aunque ese instrumento resultase incómodo a un gobierno en minoría parlamentaria. Conviene recordar que en aquellas fechas todas las fuerzas políticas apoyaron la primera prórroga del estado de alarma. Eso da idea de cuál era el ánimo en aquella fecha, que no era de oposición política.
Desde que se produjo la pandemia en España, el gobierno ha repetido en varias ocasiones su proyecto de construir un armazón jurídico para poder afrontar situaciones de este tipo. Pasados dieciséis meses, ese marco no existe y ha dejado a las Comunidades adoptar unas decisiones que en muchos casos son anuladas por los tribunales y en otros -esas mismas medidas o parecidas- tienen el plácet de los tribunales de justicia. Esa ausencia de entramado jurídico básico ha terminado por generar el caos y el desconcierto y ha perjudicado más que beneficiado en la batalla contra el coronavirus. Da la impresión de que aquí cada gobierno hace lo que le da la gana y la ley se dobla al criterio de cada cual.
Qué va a pasar de aquí en adelante ¿Puede un territorio -Baleares, por ejemplo- exigir una PCR a un ciudadano español que se desplaza hacia las islas para poder acceder al archipiélago? ¿Se pueden confinar municipios sin declaración de estado de excepción o ni tan siquiera de estado de alarma? ¿Se puede sancionar a las personas que incumplan los límites impuestos a la libertad de circulación o residencia? Sería bueno que el gobierno explicase esto y no aquello. Porque aquello, lo sentencia el Constitucional, no tiene un pase. El gobierno vulneró derechos humanos .
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No(
