En concreto, mientras que el conjunto de las administraciones regionales ve rebajado el principal fondo del modelo de financiación en un -3,56%, en el caso de Castilla-La Mancha la reducción llega al -7,78%. El fondo se establece con un porcentaje de los tributos cedidos que tiene cada Comunidad y con las aportaciones adicionales del Estado. Para hacerse una idea del alcance, el Fondo de Garantía aportará este año 1.348,73 millones de euros a Castilla-La Mancha.
Las comunidades de régimen común tienen dos fuentes de financiación: los impuestos y los fondos. La participación de las Autonomías en los tributos no cedidos es del 50% en el caso del IRPF e IVA y del 58% en el de los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, tabaco…) En el caso del IRPF, las regiones tienen capacidad para variar tramos y tipos impositivos y establecer deducciones, lo que redunda en mayores o menores ingresos según la política fiscal de cada Comunidad. Castilla-la mancha es una de las Comunidades donde sus ciudadanos tienen una menor carga fiscal por el tramo autonómico del IRPF.
En lo que llevamos de año, las Comunidades han visto reducida su financiación por el Estado para 2021 por las principales figuras tributarias. Las entregas a cuenta por IRPF han disminuido un -5,29%; un -6,52% por IVA y un -1,12% por impuestos especiales. En Castilla-La Mancha las entregas a cuentas del Estado por estos conceptos tributarios que conforman el grueso de financiación autonómica, se reduce en menor medida: -2,88% por IRPF, -3,78% por IVA y -1,36% por impuestos especiales. Cataluña, cuyo presidente ha anunciado que no iría a la Conferencia, ha recibido un -2,3% por IRPF, un -6,26% por IVA y ha aumentado sus ingreso por los impuestos especiales en un 1,59%, es decir, en todos en ingresos fiscales enviados por el Ministerio de Hacienda sufre menos que el resto de Comunidades, incluso reflejándose ese incremento de financiación por los impuestos especiales.
Las rebajas tienen su base en que el año pasado los anticipos se hicieron sin tener en cuenta el impacto de la pandemia en la caída de los ingresos del Estado por una menor actividad económica derivadas de la pandemia y de las medidas restrictivas.
El gobierno ha eludido incluir la cuestión de la financiación en la reunión, a pesar de que el modelo se tenía que haber renovado hace siete años. Es una cuestión institucional que se alarga más que la renovación de determinados órganos constitucionales, en las que el Ejecutivo sí pone el acento y las prisas.
El nuevo modelo de financiación supondría unas mayores cesiones de dinero a las Comunidades para cubrir su infrafinanciación y que según los cálculo de las propias Comunidades sería en dinero constante de 23.000 millones de euros anuales. Esas cuantías todavía deberán aumentar más en la medida en la que el Gobierno siga avanzando en su proyecto hacia un modelo federal.
El gobierno ha incluido en el orden del día “la gestión y próximos pasos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", es decir, el reparto de fondos europeos con lo que tratar de aplacar los ánimos. Sin embargo, estos fondos tienen un carácter extraordinario y lo que reclama el grueso de las Comunidades es que se establezca un nuevo modelo ordinario de financiación, que les permita planificar a corto y medio plazo.
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