La gestión social, las cuentas anuales y el informe de gestión de Caja Rural de Castilla-La Mancha del ejercicio 2016, así como las cuentas consolidadas del grupo serán sometidos a la aprobación de la asamblea de socios de la cooperativa de crédito el próximo 28 de abril, que ha sido convocada por el Consejo rector de la entidad.
El grupo Caja Rural de Castilla-La Mancha está compuesto, además de por la matriz financiera y bancaria por las sociedades Viveractivos, Gestión de Activos, Rural Brokers, Operador de Banca y Seguros OBSV, Castilla-La Mancha Servicios Tecnológicos y la Fundación Caja Rural.
La asamblea deberá aprobar también las retribuciones al capital con cargo a beneficios y la distribución y aplicación de excedentes del ejercicio 2016. Así como las remuneraciones del Consejo rector.
El consejo rector pide que la asamblea le delegue facultades hasta el 30 de junio de 2018 para poder reconocer o crear deuda por importe de 1.500 millones de euros
Como ya informó clm21.es, Caja Rural de Castilla-La Mancha ha reducido su activo en un 3,4 por ciento en el último año y su beneficio bruto ha crecido por debajo de la inflación, lo que supondría un crecimiento negativo en relación al ejercicio anterior. A falta de que haga públicos los balances auditados y según los datos de la nota oficial emitida días atrás por la Caja Rural, esta entidad habría reducido su activo durante 2016 en 249,69 millones de euros, al pasar de 7.351,69 millones de euros en 2015 a 7.102 millones en 2016. Eso supone una depreciación del valor de la entidad, de sus bienes y derechos, del 3,4 por ciento.
Para la selección de delgados que asistan a la asamblea del día 28 que debe aprobar las cuentas, la Caja ha convocado quince juntas preparatorias de zona. Esas juntas preparatorias se celebrarán el día 24 de ese mismo mes. Los delegados que deberán pronunciarse también sobre la modificación de los estatutos sociales.
La asamblea también fijará las líneas maestras de la política general de la Caja, y examinará y aprobará las líneas básicas sobre el destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para el ejercicio 2017.
Otro de los puntos a debate y aprobación es la delegación en el consejo rector de las facultades para poder generar o reconocer deuda por hasta 1.500 millones de euros mediante la emisión de cualquier instrumento financiero (bonos y obligaciones, simples o subordinadas, con o sin garantía, cédulas y participaciones hipotecarias…). El plazo dado para esa delegación abarca hasta el 30 de junio de 2018.
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