Desde su creación en 2014 y hasta finales de 2016, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura ha llevado a cabo 283 inspecciones en Castilla-La Mancha, la mayoría de ellas, 245 en el sector vitivinícola, que concluyeron con 17 denuncias por ventas a pérdidas y una sanción. AICA realiza inspecciones e investigaciones, cuyos resultados traslada a las Comunidades Autónomas que son las que tienen potestad sancionadora.
Las ventas a pérdidas que consiste en realizar la venta por un precio inferior a su coste de producción es una práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista y su vigilancia es competencia de las comunidades autónomas. Es considerada como una fórmula de competencia desleal. El pasado mes se produjo una fuerte polémica entre organizaciones de agricultores y algunas de las grandes cadenas de distribución. Los agricultores denunciaron que los comercios tenían el precio del aceite de oliva por debajo de los costes de producción como reclamo para atraer compradores a sus establecimientos.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fue creado mediante la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con el objetivo de controlar el cumplimiento de la misma en lo que respecta a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
La actividad de control que ejerce la Agencia se realiza cuando ésta recibe una denuncia por incumplimientos a la Ley de la Cadena Alimentaria, y mediante inspecciones de oficio cuando dispone de información o indicios de posibles infracciones a dicha Ley. AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador correspondiente en caso de detectar algún incumplimiento. Además, AICA tiene encomendada la gestión de los sistemas de información y control de los mercados en el sector oleícola y en el sector vitivinícola, así como el control oficial de los operadores acogidos a Denominaciones de Origen Protegidas o a Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyos ámbitos territoriales se extiendan a más de una Comunidad Autónoma, y el de sus respectivas entidades de gestión.
En Castilla-La Mancha, además de las 245 actuaciones llevadas a cabo en estos tres últimos años en el sector del vino ha realizado otras 24 en el de frutas y hortalizas, una en el lácteo, 7 en el del aceite de oliva y seis en el de carne de pollo. Cada una de las inspecciones realizadas conlleva el control de varias operaciones comerciales de compra-venta realizadas en la cadena alimentaria.
Una vez llevadas a cabo las verificaciones e inspecciones, la Agencia traslada a los departamentos responsables de comercio de las Comunidades Autónomas las correspondientes denuncias, para que procedan a su investigación y posible sanción.
En el conjunto nacional, la mayoría de las sanciones han recaído sobre la industria alimentaria, que en 2016 acaparó el 87,5 por ciento. Los establecimientos de distribución comercial minoristas recibieron el 10,71 por ciento y las empresas de distribución mayorista, el 1,79 por ciento.
Una de las labores realizadas por la agencia es la toma de control de muestras que son enviadas a los laboratorios de referencia para garantizar que se cumpla la normativa de calidad y precio (venta a pérdidas).
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