El gobierno ha tardado más de dos semanas en concretar unas medidas que ahora deberán ser desgranadas por sectores y ver en qué medida son suficientes o no. Ese tiempo de inacción ha provocado un deterioro social y económico que ha debilitado la imagen del gobierno y que ha sido empleados por la oposición e incluso por el sector Podemos del Gobierno para criticar al presidente.
Sánchez se planteó presentar un programa conjunto, no un rosario de medidas. En él jugaba un papel muy importante la política europea sobre fijación de precios de la electricidad. Los costes energéticos estaban en la base de la inflación disparada antes de que estallase la guerra y que se ha visto agravada por esta. Unos costes de la factura eléctrica que se deben fundamentalmente al elevado precio del gas. Aunque la electricidad generada a partir del gas en nuestro país no es representativa, el sistema marginalista hace que sea esta la que marque el precio de toda la factura.
El presidente tenía entre manos dos medidas: sacar al gas del sistema de fijación de precios eléctricos o topar el precio del gas. El acuerdo alcanzado permite a España y Portugal adoptar medidas particulares que deberán ser aprobadas por el conjunto de la UE. Algo es algo.
Es cierto que lo conseguido por el presidente Sánchez en materia energética en el Consejo Europeo está por debajo de las expectativas planteadas desde el gobierno. Pero es un buen principio de acuerdo para España. La consideración de la Península como isla energética es un balón de oxígeno para el presidente que, a partir de ese acuerdo, presenta un frente de medidas para abordar el deterioro de la situación económica que ya había desatado la inflación y que ha agravado la invasión rusa de Ucrania y que, además, ha contado con factores internos como la huelga de los pequeños transportistas, que ha sido pésimamente gestionada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. La exalcaldesa de la población barcelonesa de Gavá es una de las candidatas a salir del gobierno en caso de que el presidente decida remodelarlo para afrontar la crisis.
La huelga del transporte ha golpeado a los sectores industriales y ha tenido un alto coste político y económico para el gobierno. Algunas empresas han dejado de producir (caída de ingresos para el gobierno vía impuestos y aumento de gastos, como ERTES). Ha generado unos problemas de abastecimientos que no se dieron ni durante el confinamiento.
La huella del transporte ha reventado la estrategia de tiempo que diseñó y pidió el presidente para presentar un programa global. El presidente ha dejado pasar dos semanas de oro para anunciar medidas para vincularlas todas ellas a su negociación energética. Tras la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma, Sánchez anunció una bajada de impuestos sin concretar cuáles y cómo. En esa reunión, el presidente García-Page se mostró partidario de la bajada de los que afectan a la electricidad al tiempo que se avanzaba en un cambio de modelo.
Pero el gobierno teme que una caída de ingresos fiscales termine por pulverizar su presupuesto de gastos. De ahí que haya ido corrigiendo esa línea y apueste más por ayudas y créditos ICO.
La huelga del transporte ya ha provocado que el Ministerio deje caer que puede no implantar el peaje en las autovías, medida con la que se había comprometido con Europa para reforzar los ingresos. La suspensión supondría una merma de no menos de 1.500 millones de euros anuales. Una bajada fiscal al combustible como demandaban los convocantes del paro, entre otras medidas, ponía en riesgo una de las principales fuentes de ingresos del gobierno: el impuesto sobre hidrocarburos y el IVA del combustible. Hay que tener en cuenta que los impuestos que gravan los carburantes están detrás del 50% del encarecimiento de los costes del combustible
Así las cosas, el gobierno es cauto con la bajada de impuestos a la que se comprometió el presidente. De momento, no ha deflactado la tabla del IRPF, lo que le permitirá recaudar 4.500 millones de euros más.
En política de gastos, el gobierno ha anunciado ayudas directas a la agricultura, la ganadería y la pesca y un aumento del 15% del ingreso mínimo vital. En su anuncio de esta mañana no ha concretado si llevará a cabo un reajuste del gasto, con la reducción de determinadas partidas improductivas, tal y como le pide Núñez Feijoo: “Sánchez tiene mis votos para un ajuste del gasto político y burocrático”.
Mañana será el Consejo de Ministros el que apruebe todo el abanico de medidas del gobierno y está por ver el alcance en materia de ingresos (bajada de impuestos) y de gastos. A partir de esa aprobación, serán los sectores económicos los que determinen el grado de aceptación y apoyo, en un escenario en el que la huelga del transporte sigue condicionando el abastecimiento de las industrias y la distribución de sus productos.
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