Tras meses cerrado al diálogo en los que el gobierno se negó a entregar los documentos de la gestión del presupuesto del año pasado a los grupos políticos, rechazó el ofrecimiento del Partido Popular de sentarse a negociar un presupuesto para Castilla-.La Mancha y también rechazó, posteriormente, las enmiendas propuestas por la oposición al de este año, el ejecutivo quiere ahora iniciar un proceso para tratar de sacar adelante el nuevo proyecto de ley de presupuestos para este año, tras haber fracasado en su primer intento en abril.
El gobierno “ha constatado, en las más de 200 reuniones que ha mantenido con colectivos y entidades de la región, el máximo interés de la ciudadanía de que haya un entendimiento entre el gobierno y las distintas fuerzas políticas para que la comunidad autónoma disponga, lo antes posible, de un presupuesto para 2017 que acabe con la situación de prórroga presupuestaria que existe en la actualidad”. El entrecomillado es parte del escrito que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruíz Molina, ha dirigido a los portavoces de los grupos políticos, “desde un ejercicio de responsabilidad política e institucional”. La misiva llega en un momento en el que los portavoces del Grupo Socialista, que apoyan al gobierno, mantienen la dialéctica de agresividad habitual contra los diputados el Partido Popular y de Podemos.
La carta pone de manifiesto lo adelantado por clm21.es en la crónica política del pasado viernes, “al gobierno le entran las prisas. Ahora quiere presupuestos nuevos para 2017 y los quiere ya. Una edición revisada de los que fracasaron en abril. Pero no ha anticipado por donde irá ese pequeño ajuste. Tan pequeño, que estima que con una única comparecencia en la comisión parlamentaria para explicar lo que hay de nuevo sería suficiente”.
El ejecutivo quiere trasladar a los grupos políticos y analizar con ellos “el planteamiento recogido de estas reuniones con colectivos y entidades”. Fuentes parlamentarias consultadas se han extrañado de los términos del escrito del ejecutivo, “que revelan que el gobierno no había tenido en cuenta antes el parecer de estos colectivos y que demuestran que fue su prepotencia la que provocó que no pudiera sacar adelante los presupuestos para castilla-La Mancha”.
El consejero de Hacienda apela a que los nuevos presupuestos “permitirían incrementar en más de 270 millones de euros el gasto no financiero respecto a 2016”. Sin embargo ese incremento, de llevarse a cabo, se produciría en términos de presupuesto inicial y no garantiza que el gobierno lleve a cabo ese gasto.
Los datos de la ejecución del presupuesto no financiero de 2016, a los que ha tenido acceso clm21.es, revelan que el gobierno aplicó en 2016 un recorte de 645 millones de euros a los servicios públicos al haber dejado de ejecutar planes y partidas por esas cuantías.
La opacidad del actual ejecutivo en materia presupuestaria no sólo es con los grupos políticos, también con algunos medios de comunicación. Desde hace más de un año, este medio tiene solicitada una entrevista con el consejero de Hacienda para dialogar sobre los temas presupuestarios.
Fuentes políticas se remiten a la cronología y señalan que “el gobierno presentó el proyecto tarde, sin hablar con nadie, sin querer negociar nada y después de dos meses de haber fracasado en su intento de imponer los presupuestos envía esta carta”. Otras fuentes consideran una patada hacia adelante del ejecutivo que responde más a una “operación de imagen que a un verdadero deseo de negociación. ¿Qué se quiere negociar?, ¿en qué plazos?”
Lo cierto es que un proceso de negociación abierta implicaría al menos partir de las enmiendas que presentaron Podemos y PP a la ley. En total ambos grupos presentaron 221 propuestas de mejora del proyecto. Hay que tener en cuenta, que de las 25 enmiendas presentadas por Podemos, sólo se aprobaron 7, tres de ellas por el apoyo del PP, que también votó a favor de 4 de las 22 presentadas por el PSOE. El PP sólo sacó adelante 4 de sus 171 enmiendas, con sus únicos votos a favor y la abstención de Podemos.
Los datos del número de enmiendas y de las votaciones dan idea del talante negociador que aplicó el gobierno a su proyecto inicial y que motivó un rechazo del resto de los grupos políticos.
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