La entrada en vigor de la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio) será previsiblemente retrasada otro año, hasta julio de 2018. Esta reforma, que debería entrar en vigor el próximo 30 de junio, ha sido sometida a 2 aplazamientos en 2014 y en 2015, debido a la necesaria modernización de del Registro Civil antes de su implantación.
Seis años después de la aprobación de la ley y a escasas semanas de su entrada en vigor, las infraestructuras del Registro Civil siguen siendo insuficientes, por lo que el Partido Popular ha registrado ha presentado una enmienda en Senado. Los grupos políticos han pactado y se espera que todas las formaciones la apoyen a lo largo de esta semana, aplazándose al menos otro año más la reforma.
La principal causa de la futura prórroga vendría fundamentada en la necesidad de actualizar el soporte informático para dar cabida a un Registro Civil electrónico, que permita una mayor accesibilidad de los trámites a través de una nueva plataforma tecnológica.
Además, se pretende coordinar la Ley de reforma del Registro Civil con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, implementando así una nueva estructura organizativa. Esto se debe a que la Ley de Jurisdicción Voluntaria entra en conflicto directo con la nueva Ley del Registro Civil, ya que la primera asigna nuevas competencias a notarios y registradores, mientras que la segunda asigna la responsabilidad a los jueces.
Desde el colectivo de los letrados de la Administración de Justicia, conocidos anteriormente como secretarios judiciales, se exige al Ministerio que la reforma entre en vigor cuanto antes, así como que se les reconozca la responsabilidad de la gestión del Registro Civil para evitar la intromisión del sector privado. En este sentido, los letrados de la Administración de Justicia destacan la eficacia de la labor que han realizado en la ejecución, ya que en 2016 han mejorado los índices de años anteriores superando las ejecuciones resueltas a las incoadas en un 37 %.
La reforma y el cambio de apellidos
La Ley del Registro Civil de 2011 fue elaborada durante el mandato de Zapatero y posteriormente enmendada durante la primera legislatura de Rajoy.
En ella se recoge la famosa reforma sobre el cambio de apellidos de los hijos. Si bien actualmente los padres, de mutuo acuerdo, pueden solicitar el cambio de orden en los apellidos de sus hijos con el fin de anteponer el de la madre, con la nueva ley podrán solicitarlo aunque no haya acuerdo entre los progenitores, siendo los funcionarios de Justicia los encargados de dirimir la cuestión.
Además, también permite solicitar un cambio urgente de apellidos en el caso de víctimas de violencia de género y sus descendientes.
El número de parejas que han tomado la decisión de priorizar el nombre de la familia de la madre se ha duplicado en el último decenio.
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