CLM empleará casi 1.000 millones de euros en pagar de intereses y gastos financieros por su deuda pública durante la presente legislatura. Con estos fondos se podrían construir y dotar con la última tecnología un nuevo hospital en cada una de las provincias de la Comunidad.
El gobierno regional no logra disminuir su pasivo financiero, que debe situarse a final de 2019 en el 32,8% del PIB y actualmente está en el 37%
Si el cumplimiento del déficit público es uno de los objetivos económicos de la política presupuestaria de la Comunidad, el gobierno parece haberse olvidado de cumplir con otro de los requisitos fiscales de La Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el de la deuda pública, según se desprende de la evolución de la misma.
En concreto, la Junta deberá cerrar 2019, año electoral, con una deuda equivalente al 32,8 por ciento de su PIB, diez puntos por encima del conjunto de las regiones españolas, que tendrán que hacerlo en el 22,7. Ese es el compromiso de todos los gobiernos autonómicos que quedó aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre, después del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la medida que se amortice deuda neta, se librarían fondos en los siguientes ejercicios para servicios públicos.
En 2016 cerró con 14.055 millones de endeudamiento, el 37 por ciento del producto Interior Bruto (PIB) regional, cuando el límite establecido era del 35,6 por ciento. A finales del presente año deberá rebajar el endeudamiento al 35 por ciento, en 2018 al 34 y en 2019 dejarlo en el 32,8.
El gobierno de García-Page prevé cerrar 2017 con un nuevo record de deuda y dejarla en 14.405 millones de euros. Esa cifra establecería el nivel de deuda regional en el 36,35 por ciento del PIB. Para que Castilla-la mancha lograra cumplir con el objetivo al que se comprometió, el PIB debería crecer hasta los 41.157,14 millones de euros, casi 1.500 millones más de lo contemplado para este año. Ello supondría que la economía regional habría crecido a final de año un 5,8 por ciento y las expectativas del gobierno la sitúan como máximo en un 2,7 por ciento como máximo.
Si el crecimiento de la economía regional durante este año y el próximo se corresponde con las previsiones del ejecutivo, en 2018 llegará a estar en los niveles anteriores de la crisis. Diez años después, alcanzará y sobrepasará ligeramente el PIB de 2008, que fue de 40.389 millones de euros.
Para 2019, el PIB regional podría alcanzar los 41.600 millones de euros, eso supondría que el ejecutivo debe rebajar la deuda hasta los 13.645 millones de euros.
La deuda pública de la Junta inició una fuerte subida con el último gobierno socialista, en la que pasó de 1.829 millones en 2007 (4,7% del PIB) a 6.110 millones, en 2010 (15,6% del PIB). En la siguiente legislatura, la del gobierno del Partido Popular, la deuda pasó de los 6.886 millones en 2011 (17,8% del PIB) hasta los 12.858 millones (el 35,4% del PIB). Más de 4.000 millones de esta época tienen su origen en la legislatura socialista inmediatamente anterior, en la que el gobierno dejó sin pagar más 4.000 millones en facturas a proveedores en 200. El gobierno del Partido Popular acudió a créditos bancarios para poder saldar esas deudas de la Junta con sus proveedores.
La partida anual para gastos financieros supera los 200 millones de euros y se ha reducido gracias a los estímulos financieros del Banco Central Europeo, que abarataron el precio del dinero, así como al crecimiento de la economía española, que ha contribuido a rebajar la prima de riesgo. Nuestra Comunidad ha ido modificando la estructura de su deuda y ha acudido a obtenerla del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, unos créditos que se canalizan a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que ofrece mejores condiciones que las que podría obtener nuestra Comunidad en caso de acudir por su cuenta a los mercados financieros.
No obstante, esa política ha hecho que nuestra Comunidad sea cada vez más dependiente del Estado. A finales de año, el 74 por ciento de nuestros créditos estarán en manos del Gobierno central y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), estima que en la próxima década ese porcentaje superará el 80 por ciento y Castilla-La Mancha dependerá del grifo financiero del Estado para poder tener recursos financieros y liquidez.
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